Análisis: Cierran el cerco de las presiones

Gabriel González / La Capital

Un fuerte cerco de presión se cierra sobre la posición del gobierno, que se resiste a reducir la quita del 75% por ciento sobre las deudas de los privados.

El G7 advirtió anoche que la Argentina debe cumplir con los compromisos asumidos ante el FMI y que las autoridades argentinas deben tener una actitud más constructiva con los acreedores.

Ello ocurrió 48 horas después de que un juez de los Estados Unidos dispusiera una inhibición sobre bienes argentinos en el país del norte, mientras que el procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, anticipa que pueden darse nuevos pronunciamientos de otros magistrados y en diversos países del mundo.

El número uno del FMI, Horst Köhler, convocó al ministro de Economía, Roberto Lavagna, a Miami, preocupado por el tono de la discusión entre el gobierno argentino y los acreedores. Y será el encargado de poner en blanco sobre negro el coro de las presiones internacionales, de cara a la próxima revisión del acuerdo y de la obligación del país de afrontar un desembolso por más de 3.000 millones de dólares en marzo próximo.

Todo indica que al gobierno se le están cerrando las posibilidades de seguir adelante con una estrategia que hasta ahora le dio buenos resultados, patear la pelota hacia adelante.

En el plano internacional las grandes potencias estrechan filas y a nivel regional es sabido que son grandes las diferencias con el principal socio, Brasil, en cuanto a las estrategias para manejar la deuda. Lula llegó al gobierno con un discurso izquierdista pero ajustó el gasto, incrementó el superávit fiscal para conformar a los organismos multilaterales y obtuvo los resultados esperados: el país recuperó la senda del crecimiento y volvió a ser atractivo para los inversores.

El gobierno de Kirchner, en cambio, atendió una estrategia que le dio buenos resultados en el mercado doméstico. Sin hacerse cargo del inventario, cargó todas las culpas sobre sus antecesores, sobre organismos multilaterales y los bancos que recomendaban comprar bonos argentinos, y propuso una quita a valores de quiebra para los acreedores.

Esas acciones le permitieron al jefe de Estado consolidar su figura ante una ciudadanía hastiada por los desmanejos y la corrupción de los 90 y también llegar a un primer arreglo con el FMI. Sin embargo, tienen hasta hoy como contrapartida la falta de solución para cuestiones estructurales que resultan indispensables para armar una estrategia de desarrollo económico a largo plazo.

El paso del tiempo endureció el cerco. Todos los mensajes de europeos y americanos, hasta los más elogiosos que destacan la recuperación de la Argentina, incluyen cada vez con mayor énfasis los planteos de reformas estructurales y negociación de "buena fe" con los acreedores.

Sin un arco de solidaridad internacional a mano, el gobierno tiende a encaminarse hacia la convocatoria a una "causa nacional" para afrontar las presiones internacionales.

Claro que impulsar un foco de presión de esas características no es tarea sencilla y no porque las banderas que tengan como blanco al Fondo Monetario y las grandes potencias del mundo no sean de consumo en el mercado interno. Ocurre que del millón de acreedores privado de la deuda la mitad son argentinos, ahorristas que invirtieron de buena fe en títulos del estado o en forma obligada a las AFJP.

El gobierno dice que no tiene un plan B para resolver el entuerto, pero sería bueno tener a mano un conejo en la galera (¿quizás algún tecnicismo sobre el valor de reconocimiento de la deuda?) para encontrar una salida sin mayor desgaste.