Estudio de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral

Revelan aumento de la violencia policial

En 2002 hubo más casos que en 2001, pero menos víctimas fatales. La mayoría de los hechos fueron dudosos

Un total de 299 personas fueron víctimas de la violencia policial en la provincia de Santa Fe durante el año pasado, lo que significó un incremento respecto de 2001, donde se registraron 196 casos. La estadística es el resultado de un estudio de investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, que vinculan el aumento de la violencia policial en la provincia al abandono de los planes de reforma esbozados entre 1996 y 1997.

El total de víctimas incluye a 11 muertos y 288 heridos. El estudio discrimina que 161 víctimas fueron señaladas como "sospechosas"; 135 como "no sospechosas" y 3 como terceros. Otro dato relevante es que la mayoría de los episodios (250) en que la policía acudió a la violencia fue percibido como irregular o ilegal.

Si bien el número de episodios se incrementó, la estadística marca un significativo descenso en el número de víctimas fatales (11 contra 32 de 2001 y 48 de 2000), un hecho que los investigadores ponen en relación con el desplazamiento del ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, y el impacto de los cuestionamientos a raíz de la represión de diciembre de 2001.

El estudio fue elaborado por Verónica Aimar, Gustavo González, Augusto Montero y Máximo Sozzo a partir del análisis de noticias en diarios provinciales. El uso de la fuerza pública, dicen los autores, "constituye un objeto negado" ya que los organismos provinciales no difunden información al respecto y se niegan a proporcionarla en caso de serles requerida".

Esa omisión y esa negativa constituyen otro dato para analizar: "son en sí mismas un indicador de la no-visualización por parte de los actores estatales del uso de la fuerza policial como un problema que es preciso gobernar", dicen los investigadores.

El informe clasifica los hechos de violencia policial de acuerdo a la existencia o ausencia de percepciones acerca de su ilegalidad, de acuerdo a las crónicas periodísticas. El procedimiento "resulta útil para evidenciar que dicha legalidad/ilegalidad no es un rasgo intrínseco de la acción policial sino que es el producto de las interpretaciones que se realizan sobre ella".


Una reforma nunca concretada
Uno de los datos más significativos es que la mayor parte de las víctimas civiles de la violencia policial se producen en el departamento Rosario, donde en 2002 se registró el 83 % del total de casos.

El incremento de la violencia policial en Santa Fe aparece directamente relacionada con el cambio de política de seguridad pública que se implementó a partir de 1999 y que de acuerdo a los autores se propuso frenar el proceso de reformas iniciado a mediados de 1996.

Los investigadores de la UNL recuerdan que en la década pasada se implementaron programas de reformas en distintas policías, entre ellas la de Santa Fe. "Parecería ser -dicen- que las reformas policiales argentinas pueden ser leídas centralmente como intentos de desembarazarse de la lógica que impone el «autoritarismo», para abrazar los «principios liberales»" a través de la adopción de normas más precisas sobre el uso de la fuerza policial, la modificación de programas de estudio y la creación de mecanismos de control de la actividad policial.

De las iniciativas emprendidas en Santa Fe, "tal vez la más importante con respecto al fenómeno de los usos de la violencia policial -aun cuando no estaba dirigida exclusivamente a esta temática- haya sido la creación de la Dirección Provincial de Asuntos Internos a fines de 1997" cuyas finalidades originales eran prevenir y combatir las actividades ilegales cometidas por el personal policial.

A partir de 1999, se produciría una ruptura "revirtiendo, suspendiendo o limitando las ya de por sí limitadas iniciativas de reforma policial emprendidas por el gobierno provincial anterior". En ese momento tiene lugar la jerarquización de la subsecretaría de Seguridad Pública, a cargo de Enrique Alvarez, ex miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante la dictadura militar, quien "imprimió en su gestión un discurso y actitud contrarreformista".

A partir de 1999, "aumenta impresionantemente el número de víctimas civiles de la violencia policial", se incrementa "el número de víctimas civiles en hechos sobre los que se registran percepciones de ilegalidad" así como "el número de víctimas civiles en situaciones definidas como no enfrentamientos", entre otros indicadores de un aumento de la violencia policial.

Los investigadores recordaron la denuncia sobre cajas negras en la Unidad Regional II realizada por La Capital en diciembre de 2000, que derivó en la remoción de quince altos funcionarios policiales. "El impacto de este escándalo se traduce en un pequeño giro discursivo de la gestión gubernamental que comienza a admitir la importancia de ciertas medidas reformistas sugeridas, cuanto menos, en el gobierno provincial anterior -especialmente en torno a la educación policial y a la oficina de Asuntos Internos".

Asimismo, la represión de diciembre de 2001, que dejó siete muertos en Rosario, condujo al desplazamiento del ministro de Gobierno y parte de la cúpula de la policía provincial, aunque el subsecretario Alvarez continuó en su cargo.

Sin embargo, las denuncias sobre corrupción y sobre irregularidades en la represión gestaron un "nuevo clima político y cultural" que tuvo "un fuerte impacto en las magnitudes e intensidades de la violencia policial en el territorio provincial". Así "se verifica una considerable disminución del número de civiles muertos que cae a niveles extraordinariamente bajos respecto a los registrados en 1998, representando un descenso del 45 por ciento".