Indígenas y criollos exigen tierras al gobierno salteño

Tras 50 años de conflicto, aborígenes y colonos reclaman que no se vendan 500 mil hectáreas en litigio

Jefes de comunidades aborígenes y representantes de organizaciones criollas de Salta se unieron para exigir al gobernador Juan Carlos Romero que "no entorpezca el proceso de solución amistosa" abierto entre ambos sectores en el litigio por la propiedad de extensos territorios en la provincia.

Los aborígenes reunidos en Lhaka Honhat y los representantes de la Organización de Familias Criollas (OFC) pidieron puntualmente al gobierno de Salta que no ofrezca a terceros parcelas dentro de los territorios que están en discusión. La zona en disputa está situada en el noreste de la provincia, Se trata de unas 500 mil hectáreas de tierra identificadas como los lotes 14 y 55.

Bajo la atenta mirada del titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Robert Goldman, de visita en el país, y del secretario Ejecutivo de esa entidad, Santiago Cantón, los aborígenes y los criollos pidieron a la senadora salteña, Sonia Escudero, que la provincia conteste en "una semana" si va a dejar de ofrecer las tierras a terceros, durante un encuentro celebrado esta semana en el Palacio San Martín.

"En una semana el gobierno de Salta tiene que decir si se compromete con el proceso de solución amistosa: no parcelar la tierra, no mensurarla y hacer una entrega integral a aborígenes y criollos", afirmó la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Julieta Rossi.

Por la cancillería participó del encuentro la Secretaria de Derechos Humanos, Alicia Oliveira, quien destacó la importancia de que aborígenes y criollos estén juntos en la pelea, porque la estrategia "siempre fue separarlos" para que los reclamos no se resuelvan.

"Los pueblos originarios no pueden perder y el gobierno nacional piensa lo mismo que la Cidh", aseguró la funcionaria nacional al sostener que "ya no hay discusión de que tienen que tener sus tierras". Además, señaló que "hay que ver como se las damos y como los respetamos".

La senadora Escudero, relató que el conflicto lleva mas de 50 años, pero consideró que hay avances porque antes los aborígenes, wichís, tobas, chorotes, chulupíes, avás y tupís, pedían la "expulsión" de las familias criollas del territorio ancestral y ahora buscan una solución amistosa.

El conflicto cultural que separa los modos de vida de aborígenes, cazadores y recolectores que con derecho buscan conservar su modo de vida, choca con la concepción de propiedad privada en la que viven los criollos.

La patrocinante de los aborígenes, Julieta Rossi, dijo que el proceso retrocedió, durante esta segunda reunión con la presencia de la Cidh, Escudero "no pudo prometer que el gobernador deje de ofrecer el territorio en disputa". (Télam)