Año CXXXIV
 Nº 49.210
Rosario,
jueves  16 de
agosto de 2001
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Dos fiscales lo ordenaron de oficio
Investigan el pedido de dinero y entradas de los barrabravas de Rosario Central

Vamos a investigar". Así, casi a dúo aunque sin haberlo acordado de antemano, dos fiscales se comprometieron ayer a poner bajo la lupa de la Justicia a los barrabravas de Rosario Central que exigieron dinero y entradas a los directivos del club. La diferencia con promesas similares formuladas en el pasado es que esta vez los funcionarios parecen estar decididos a develar, por fin, la verdadera trama de estas extorsiones y descubrir a los chantajistas. De las palabras pasaron rápidamente a la acción: mientras uno de ellos ordenó la apertura de una investigación de oficio sobre el último apriete, que Ovacion hizo público los últimos dos días, el otro tomó la decisión de activar "absolutamente todas" las causas históricas que involucran a los barrabravas, desde sus principales líderes hasta el último de sus pinches.
Los funcionarios que tomaron la iniciativa son Guillermo Camporini y José María Peña. Ambos son fiscales de Cámara, es decir que sólo intervienen directamente en una investigación judicial cuando ya existe una resolución previa de un magistrado y alguna de las partes planteó una queja. Pero como funcionalmente son algo así como jefes de los fiscales de primera instancia, actúan indirectamente bajando instrucciones a estos funcionarios.
Esto es lo que hicieron Camporini y Peña después de leer en este diario los detalles de la más reciente extorsión de los barrabravas y la reacción de los directivos de Rosario Central, que decidieron no hacer lugar a sus insólitas exigencias.
El mismo martes, cuando se supo que las bandas enfrentadas de la barra brava exigían en conjunto 20.000 pesos y 1.000 entradas cada dos partidos, Camporini instruyó al fiscal Esteban Franicevich para que inicie una causa de oficio ante el juzgado de Instrucción que está a cargo del juez Juan José Pazos. Y ayer, cuando se conoció que al menos uno de los barrabravas había viajado a México para ver el partido de Central ante Cruz Azul, la decisión de ir a fondo con la investigación se profundizó. Es que el barrabrava viajero sería nada más ni nada menos que uno de los Chaperitos, que actualmente purga una pena en suspenso y por lo tanto no puede salir del país sin autorización judicial. Por eso Camporini quiere saber si salió con autorización o no y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, quién y por qué concedió el permiso.
Pero a la decisión de Camporini se sumó luego la de Peña, quien bajó instrucciones a los 12 fiscales de primera instancia para que activen todas las causas que involucran a barrabravas de Central y Newell's por delitos tan diversos como el abuso de armas, resistencia a la autoridad, extorsión, amenazas coactivas, robo y lesiones, entre muchos otros.
Los expedientes por los que se interesó Peña están desparramados en los 10 juzgados correccionales (investigan delitos cuya pena máxima no supera los tres años de prisión), en algunos de Instrucción (delitos más graves, con penas mínimas de tres años) y en las cuatro salas de la Cámara de Apelación Penal. Muchas de esas causas ya tienen sentencia firme de condena a los barrabravas, pero estos están libres por la sencilla razón de que los delitos por los que fueron condenados son excarcelables.
En esas causas no falta como imputado ninguno de los cabecillas de los barrabravas, entre ellos los generales y coroneles de dos grupos enfrentados casi literalmente a muerte, que en los últimos años libran una guerra por el control de la tribuna que da al club Regatas y por los favores de los directivos. Uno de esos grupos es el de los Pillines, que comanda Andrés Pillín Bracamonte, y el otro es el de los Chaperitos. Pero en la interna de la barra hay un tercer grupo, el del Chapero Bustos, y algunos afirman que hay hasta un cuarto sector todavía incipiente cuyos verdaderos referentes todavía están por conocerse.
La idea de Peña es sacudir la modorra de algunos fiscales y jueces y conseguir que algunas causas archivadas de facto y virtualmente estancadas finalmente lleguen a un resultado. En este caso, el objetivo a largo plazo es muy claro: como las penas en suspenso se convierten en efectivas cuando la misma persona es condenada más de una vez, el efecto sería que muchos barrabravas que hoy están libres alguna vez vayan a parar a prisión.



Esta vez la Justicia parece decidida a investigar.
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