Le robaron el DNI y ahora es víctima de una estafa

Hace 8 años le arrebataron la cartera. Telecom y un banco le demandan deudas que jamás contrajo

Las desventuras de Patricia Blanda parecen no tener fin. El primer infortunio le ocurrió en noviembre de 1999, cuando le robaron la cartera con su documentación y algo de dinero en una salidera bancaria. Pero las desdichas continúan hasta hoy. Es que en los últimos días recibió cartas documento de Telecom y de un banco para que cancele deudas que nunca contrajo, caso contrario sus bienes serán embargados. Ante las anomalías, la mujer realizó una denuncia por estafa.

   Patricia tiene 47 años. Es periodista de la FM Aire Libre y trabaja como operadora en salud mental en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Recuerda con precisión cada detalle de la desgracia que sufre y dice que la sustracción del DNI la padece como un robo de su identidad. Se plantea una situación límite y se formula un interrogante inquietante: “¿Qué podría pasarme si el que tiene mi DNI mata a otra persona?”.



Arrebato inicial. La odisea de la mujer se inició en noviembre de 1999 cuando dos motociclistas “bien vestidos” la siguieron desde el banco Río de Pellegrini al 1200 hasta la zona sur de la ciudad. Cuando salió de la entidad financiera, a Patricia le llamó la atención la mirada insistente de dos muchachos que estaban en una moto. Sin embargo, se subió a su auto y emprendió el regreso a su casa de Gutiérrez al 2300.

   Cuando llegó al cruce de bulevar Oroño y Ameghino sufrió el embate de los motociclistas que la perseguían. “Me rompieron el parabrisas de un puñetazo y me arrancaron la cartera cuando me estaba sacando de la cara las astillas del vidrio”, recordó. En el bolso estaba el DNI, la cédula federal, el registro de conducir, tarjetas de crédito y varios impuestos.

   Patricia denunció la sustracción de la documentación en la comisaría 21ª. “El tema de las tarjetas se solucionó rápido porque hice la denuncia por el robo y la compañía de seguros se hizo cargo de las compras que hicieron los ladrones”. Pero un año después, cuando el problema ya había sido olvidado, su marido notó que en la guía de Telecom aparecían dos números telefónicos a nombre de la mujer. “Uno era de Zeballos al 800, adonde me había mudado, y el otro de Beruti al 3800, donde jamás estuve”, contó.

   Entonces, la mujer realizó el trámite de rigor. Se contactó con el 112 —Gestión Comercial de Telecom— para aclarar la situación. “Una operadora me dio un número de trámite para hacer el reclamo”, pero resultó infructuoso. Dos años después, comenzaron a llegar a su casa de Gutiérrez al 2300 —donde ya no vive pero sigue siendo la propietaria— reclamos extrajudiciales de un estudio jurídico de Buenos Aires por las facturas impagas de la línea de Beruti al 3800. La última intimación la recibió el 1º de diciembre de 2006 y en la carta le anunciaban que, si no cancelaba la deuda, se le iniciaría una demanda judicial.



Trámites infructuosos. La periodista se contactó con el estudio jurídico pero no obtuvo respuestas satisfactorias. Entonces presentó un escrito ante Telecom para aclarar la situación y explicar que estaba involucrada en un episodio del que era ajena. No fue el único reclamo que tuvo. El 10 de agosto pasado recibió una carta documento en la que otro estudio jurídico de la Capital Federal —que patrocina al Fideicomiso Financiero Columbia— le comunicaba que debía saldar una deuda con esa entidad. En el caso de que no lo hiciera, los abogados iniciarían los trámites para concretar un embargo sobre sus bienes.

   El mismo día recibió una misiva del banco Macro en la que le anunciaban que podía mantener su tarjeta de débito, pero la periodista nunca operó con esa entidad financiera. Ante la gravedad de los casos, el 29 de agosto la mujer denunció los episodios en la fiscalía Nº 10, a cargo de Rita Schiappa Pietra, por estafa. Y la fiscal giró el caso al juez de Instrucción Nº 14 Adolfo Prunotto Laborde.

   Finalmente la peregrinación de la cronista para aclarar la situación terminó esta semana en la Defensoría del Pueblo. Allí, un abogado le sugirió que debería iniciar un juicio por daño moral contra sus demandantes.