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 lunes, 24 de septiembre de 2007  
Organismo episcopal llamó a detener el "desenfreno" abortista

Buenos Aires.- Un organismo episcopal llamó hoy a detener el “desenfreno abortista” que atribuyó al gobierno y acusó al Inadi de “encubrir la legalización del aborto”, mientras el gobernador bonaerense Felipe Solá criticó a quienes se oponen a la ley por convicciones religiosas.

“Llegó el momento de poner freno al desenfreno abortista”, advirtió el Secretariado Nacional para la Familia, en una declaración difundida un día después de que se interrumpió en Mar del Plata el embarazo de una joven entrerriana con discapacidad víctima de una violación.

El organismo -dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina- alertó que “mientras se las entretiene con la «panacea del aborto», se les siguen negando las herramientas básicas para mejorar sus condiciones de vida, como mayores opciones laborales o salarios dignos que permitan mantener una familia”.

Tras insistir en que “las muertes maternas no disminuyen con la legalización del aborto, como afirma la Academia Nacional de Medicina”, reiteró la necesidad de “detener esta arremetida contra la vida de los niños por nacer y de las madres mismas que se pretende proteger”.

El Secretariado acusó también al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) de “encubrir la legalización irrestricta del aborto mediante modificación sustancial de la letra del artículo 86 del Código Penal, para que cualquier mujer, al margen de la circunstancia y periodo de gestación, recurra a esta práctica aberrante”, aseveró.

En tanto, un vocero del ministro de Salud, Ginés González García, dijo que esa cartera “no iba a entrar en una polémica con la Iglesia”, pero reiteró la preocupación por “la escalada de fanáticos religiosos que entorpecen los procesos y utilizan la Justicia para que no se cumpla la ley”.

“Cada uno tiene derecho a tener su creencia religiosa pero no a obligar a los demás a tener las conductas que su religión le indica, y mucho menos oponerse a la ley”, coincidió el gobernador Solá.

El mandatario provincial destacó la “responsabilidad” de los médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata que, pese a las “comprobadas amenazas que sufrieron”, interrumpieron el embarazo de la joven que autorizó la Justicia.

La intervención se realizó este sábado, con el aval del Ministerio de Salud, que garantizó un equipo profesional y un hospital público de primer nivel para efectuarla, tras la negativa de los médicos de Entre Ríos que alegaron “objeción de conciencia”.

La joven de 19 años, que se recupera satisfactoriamente, fue trasladada a Mar del Plata para “cumplir con el pedido de la madre, con la ley y con lo que determinó la Justicia a través del Superior Tribunal”, explicó en un comunicado Gustavo Bordet, ministro de Salud entrerriano.

Tras precisar que la joven “se encuentra estable”, el funcionario pidió “respetar la intimidad tanto de la joven como de su familia, pues es un tema sumamente delicado y de mucho dolor para todos”.

La joven, cuya edad mental es de cinco años, se encontraba ya en un estado avanzado de gravidez tras las demoras en torno de las instancias judiciales, luego del pedido de la madre a fin de que se admitiera el aborto, de acuerdo con la ley.

Por otra parte, la Corporación de Abogados Católicos expresó indignación por lo que consideró “un crimen abominable contra un niño de dieciocho semanas de gestación, concebido en la ciudad de Paraná por una discapacitada cuyo padre se opuso sin éxito a tan vil asesinato”.

Grupos católicos pro-vida anunciaron, además, que este miércoles a las 18.30 realizarán una “marcha de escarpines” alrededor del Congreso Nacional, a modo de acto de desagravio por el “reciente homicidio prenatal”. (DyN)


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