Reflexiones

Agua y luz, con autonomía municipal

Por Aníbal I. Faccendini

Marshall Berman en "Todo lo sólido se desvanece en el aire" nos revela que lo aparentemente fuerte, al pasar por el tamiz de la realidad, del aire y de la tierra, se volatiliza. Demuestra que lo aparente no es y sólo es lo que es actuado e incorporado por el ciudadano. Esto viene a consideración, en procura de que el agua y la electricidad dejen de estar en el aire de las aspiraciones de la población y pasen a consolidarse en los derechos ciudadanos. Para que esto ocurra es necesario que vuelvan de la mano de las autonomías municipales; en nuestro caso, a manos del Estado municipal de la ciudad de Rosario.

Para que los derechos del ciudadano frente a los servicios públicos de agua y electricidad no se volatilicen se requiere de su municipalización o al menos la regionalización. Al municipalizar con autonomía funcional y económica esos servicios, con gestión comunitaria, inclusión social y control externo en calidad y precios se expandirá inexorablemente la solidaridad en la sociedad civil. En definitiva, que esos dos derechos esenciales, como servicios públicos, construyan mejores ciudadanos, al elevar su calidad de vida.

Para eso se necesitaría que quien presta el servicio y quien lo recibe estén en el mismo espacio territorial. Porque en caso de problemas por calidad, tarifas o falencias en el servicio, la prevención y corrección de los mismos se podrían hacer directamente, sin las dilaciones temporales que se producen cuando se resuelven los problemas fuera del espacio geográfico donde se generaron.

En la época de la velocidad, donde los cuerpos tienen una relación ligera con el tiempo y el espacio, no se pueden mantener bajo formas feudales los problemas de agua potable y electricidad. Como si estos importantes servicios públicos pudieran esperar otros tiempos. No se puede feudalizar una solución, una mejora o un acceso al servicio público. Debemos romper con un modelo de desarrollo desigual y combinado, que se encuentra integrado por una supuesta modernidad con servicios precarios, y por ende caros y no socialmente inclusivos.

La centralización territorial y temporal de las decisiones sobre gestión de servicios públicos nos conduce a la lentitud, ineficacia y precarización de la vida comunitaria; profundizando la inequidad social. Así, los sectores económicamente muy pudientes podrán acceder por sus propios medios a soluciones privadas —ante un problema de agua y luz—, pero los mayoritarios sectores de la comunidad no. En el primer caso vemos a un conjunto de actores que se conectan con la modernidad mientras que amplias mayorías populares se conectan con tiempos feudales. En el mosaico social, observamos entonces cómo la centralización, como antítesis de las autonomías urbanas, produce una discriminación temporal y económica que siempre termina lesionando a los sectores populares.

La descentralización es la centralidad de estos tiempos y su reflejo son las autonomías funcionales y económicas de las ciudades. No hay autonomía municipal sin municipalización o regionalización de los servicios públicos de agua y luz. En tal sentido, deberíamos en nuestra ciudad ir a un proceso parecido al que tuvo en 1962, donde se intentaban resolver los problemas de agua, luz, gas y teléfono dentro de la ciudad de Rosario. Tanto Aguas Santafesinas SA como la EPE, deberían municipalizarse o regionalizarse, bajo una coordinación provincial flexible. Y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como así también el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), con las modificaciones normativas correspondientes, deberían pasar a la órbita municipal y regional. Apuntalando el principio de simultaneidad entre el problema y la solución a dicho problema.

Autonomía municipal (tanto funcional como económica), municipalización o regionalización de los servicios públicos de agua y luz en una primera etapa y del teléfono y del gas en una segunda, más gestión comunitaria y control ciudadano sobre calidad y tarifa, nos conducen a la necesaria construcción de ciudadanía para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

Es evitando, entre otras cuestiones, la apropiación injusta de tiempo que hace el centralismo estatal a la población lo que nos permitirá ir hacia un comunidad autónoma y federal.

En definitiva, la autonomía municipal y la municipalización de los servicios públicos son actos de solidaridad del Estado con el ciudadano.

Es el vecino en su cotidianeidad el que mantiene una tediosa y reiterada lucha por falencias de distintos servicios públicos (falta de agua, cortes de luz, teléfonos descompuestos por meses, etcétera) y es el Estado con su centralismo el que neutraliza dichos reclamos, con dilaciones y respuestas tardías y lejanas.

Necesitamos un Estado solidario con el ciudadano. En este caso, la solidaridad se traduce en autonomía municipal y, en los servicios públicos de agua y electricidad, en municipalización.

(*) Abogado, mediador, doctor en ciencias jurídicas y sociales y presidente de la Asamblea por los Derechos Sociales