Un magistrado que era investigado por sus “prejuicios”

El juez de familia de Murcia Fernando Ferrín también retrasa una adopción de otra pareja de mujeres, en la que una quiere convertirse en la madre adoptiva de la hija de su esposa.

   Ferrín ya fue cuestionado otras veces por distintos grupos por sus presuntos prejuicios “homófobos” .

   Actualmente está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia tras la denuncia formulada por una pareja de lesbianas que considera que el magistrado retrasa adrede el proceso de adopción de la hija de una de ellas.

El juez saltó a la fama en la década de los 80 cuando ordenó la detención de dos mujeres que hacían “top less” en una playa andaluza, en el sur de España. Esa actuación le valió que se pusiera en marcha una investigación en su contra.



Impedimentos. El 30 de junio último el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, anunció el inicio de un expediente para investigar el caso de Ferrín, denunciado por “retrasar desde hace más de un año” el proceso de adopción de una niña a una mujer lesbiana, que es pareja de la madre de la menor.

Vanesa de las Heras y Susana Meseguer son dos españolas que habían acusado a Ferrín por impedir que la primera de ellas adopte a la hija que su pareja tuvo por inseminación artificial hace 15 meses, por decisión de ambas.

Para las mujeres, que contrajeron matrimonio en noviembre de 2005, la actuación de Ferrín es un “claro ejemplo de discriminación contrario a la ley” ya que ha pedido, además del certificado de idoneidad, un estudio psicosocial que “raramente se pide a un matrimonio heterosexual”.

Además, la psicóloga de la comunidad autónoma que hizo el informe recibió una notificación judicial en la que se le pide que conteste a preguntas como si la niña “tendrá un desarrollo armónico sin figura paterna”, sobre la posibilidad de que “acabe siendo homosexual imitando los patrones que vea en su casa” o si “no es derecho de la niña ser insertada en una familia «normal» formada por personas de distinto sexo”. También pidió que el cuestionario fuera contestado por todos los psicólogos de la Dirección General de Familia.