Crece el escándalo en la causa que involucra a unos 200 sindicalistas

Los acusan de desviar un crédito de u$s 285 millones del BID cuyo destino eran las obras sociales. Juan José Zanola, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri y Gerardo Martínez son algunos de ellos

El juez federal Norberto Oyarbide resolverá, probablemente esta semana, la fecha en la que comenzará a desfilar para prestar declaración indagatoria un importante número de sindicalistas imputados por un presunto manejo irregular de un crédito de 285 millones de dólares del Banco Mundial destinado a la reconversión de las obras sociales.

El juez avanzará con la investigación después de rechazar un planteo de la defensa de gremialistas telefónicos que habían pedido la "prescripción" de la causa.

Oyarbide resolvió a última hora del viernes pasado suscribir el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, quien había aconsejado el rechazo del planteo de prescripción y el llamado a indagatoria de un centenar de gremialistas, ex funcionarios y prestadores médicos sospechados por la maniobra supuestamente irregular.

Pese al rechazo de la prescripción, fuentes cercanas a los gremios indicaron que la decisión de Oyarbide será apelada ante la Cámara Federal, lo que podría volver a interrumpir los llamados a indagatoria.

Para el juez, la investigación en curso podría arrojar como resultado que se cometió el delito de peculado, que tiene diez años de cárcel como condena prevista en el Código Penal.

Los 285 millones de dólares del crédito del Banco Mundial ingresaron en tres tramos, el primero de ellos en 1996, y la causa se inició en 2006, por lo cual cuando comenzó la investigación ese primer desembolso podría ya estar prescripto.

Sin embargo, una doctrina jurídica sostiene que el delito termina de cometerse con el último desembolso, por lo cual habría una suerte de "continuidad" que interrumpiría la prescripción.

El abogado Modestino Pizarro Míguez, quien representa a nueve sindicalistas de la obra social del gremio telefónico, planteó a Oyarbide la prescripción del expediente por el paso del tiempo.

El juez le dio "vista" a Stornelli, quien se pronunció por el rechazo del pedido y, en consecuencia, por la concreción del llamado a indagatoria de unos 200 imputados, que hoy está virtualmente parado por el planteo de Pizarro Míguez.

La causa se inició a raíz de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, y entre los imputados figuran José Luis Lingeri (hoy en el directorio de Aysa), Armando Cavalieri (mercantiles), Juan José Zanola (bancarios), Antonio Cassia (petroleros), Gerardo Martínez (construcción), Diógenes Salazar (telefónicos) y Jorge Menem (correos), entre otros.

En tanto, Stornelli rechazó el planteo de prescripción de la causa en la que unos 120 sindicalistas están investigados por el supuesto desvío de 285 millones de dólares de un crédito del Banco Mundial para la reconversión de las obras sociales.

Ese dinero llegó a la Argentina en tres tramos de 1996 a 2000 para el llamado Programa de Reconversión de las Obras Sociales (Pros).

El juez Oyarbide quiere saber el destino que los gremialistas le dieron a un crédito millonario del BID.