La política antidrogas perseguirá a traficantes y no a consumidores

El ministro Aníbal Fernández, dijo que las bandas crecen por apuntar a los “perejiles”. El gobierno impulsa cambiar la ley sancionada por López Rega en 1973, a pedido de EEUU

El ministro del Interior, Aní bal Fernández, adelantó que a partir de ahora el Estado no pondrá más el acento en perseguir a los consumidores de droga sino que apuntará “a los peces gordos” del narcotráfico y reiteró que la política aplicada hasta hoy “fracasó”.

“La orden es no apuntar más a los consumidores”, señaló el titular de la cartera política. Según dijo, las grandes bandas del narcotráfico crecieron porque las fuerzas de seguridad y la Justicia se centraron en “perseguir perejiles” y manifestó la necesidad de cambiar la ley 23.737 sobre drogas, sancionada cuando José López Rega era el ministro de Bienestar Social (1973) a pedido de Estados Unidos.

“Lo que está, fracasó”, dijo Fernández, y advirtió que “tenemos que encontrar una salida para las madres que están preocupadas porque sus hijos son adictos”.

También explicó que la legislación actual hace que “se termine buscando al adicto, y al hacer grandes decomisos nunca cae un pez gordo, jamás se le pega ni en el medio ni en la cúpula a ese esquema del narcotráfico. El perejil es el más fácil de agarrar”, argumentó Aníbal Fernández.

Redes.
Para el funcionario, debe haber un “cambio” que permita detectar “las redes de narcotráfico, la organización, el lavado de dinero, el financiamiento y el comercio”.

Sostuvo que hace más de un año se vienen haciendo estudios “para trocar nuestra política ante el narcotráfico, porque no sirve la que está”.

Comentó que días atrás se reunió con embajadores de países productores, como Perú, Bolivia y Colombia; y de los de tránsito, como Ecuador, Venezuela, Paraguay, Brasil y Chile; así como con aquellos de destino de la droga: España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Países Bajos.

Datos entrecruzados.
“Lo que buscamos es comenzar un proceso profundo de compilación de datos que nos permita comprobar esas informaciones, y para eso es imperioso que tengamos contacto con otros países”, explicó.

Por otra parte, sostuvo que la política actual “le cuesta al Estado unos 15 mil pesos” por cada causa judicial. Remarcó que un detenido adicto le cuesta cinco mil pesos por mes. “Juntaría todo este dinero para tener, por lo menos, dos planes de prevención del sida para cada adicto”, resaltó.

De la totalidad de las causas en juzgados federales, 45 por ciento lo ocupa aquellas por ley de drogas, y de esa cifra, “el 5 por ciento, es decir, el 2,25 del universo total de los casos, tiene condena", afirmó.

En tanto, señaló que “hay que atender a los adictos y no apresarlos, porque el costo es fenomenal. Ese dinero se debe usar para insumos, sueldos y tecnología”.

Duras penas.
La ley 23.737, de estupefacientes, fue sancionada por el Congreso en noviembre de 1989. La norma establece duras penas para el narcotráfico pero también castiga la tenencia de drogas. El artículo más controvertido es el 14, que establece: “Será reprimido con prisión de uno a seis años el que tuviere en su poder estupefacientes”. Y en párrafo seguido aclara que “la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. En este último caso, la pena puede reemplazarse por la obligatoriedad de realizar un tratamiento contra las adicciones. (DyN)

Según Aníbal Fernández, la política aplicada le cuesta al Estado unos 15 mil pesos por cada causa judicial.