Colombia traslada a los guerrilleros presos que serán excarcelados

Bogotá. — Colombia empezó ayer a concentrar en una prisión temporal a los guerrilleros de la mayor fuerza rebelde del país, un proceso de excarcelación anunciado por el gobierno como un gesto para buscar la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros rehenes.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), procedentes de 50 cárceles de diferentes regiones del país, comenzaron a ser concentrados en la prisión del municipio de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, 120 kilómetros al noreste de Bogotá. “Vamos a hacer ese gesto unilateral en busca de la liberación de los compatriotas que están sometidos a la tortura de las Farc”, aseguró el presidente Alvaro Uribe en un acto de gobierno en el que de nuevo comparó los campamentos rebeldes con los campos de concentración del nazismo.

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De inmediato, el gobierno no reveló el número de guerrilleros a excarcelar ni sus identidades. No obstante, las autoridades desmintieron que el llamado canciller de las Farc, Rodrigo Granda, estuviera incluido en la lista del grupo de trasladados a un centro de reclusión temporal. “Dentro de estas personas no se encuentra él, no está en la lista de los que están siendo transferidos”, señaló el director del Instituto Penitenciario (Inpec), Eduardo Morales, refiriéndose a un grupo de 250 a 300 rebeldes de las Farc que fueron trasladados a la cárcel de Chiquinquirá, unos 140 kilómetros al norte de Bogotá.

Sin embargo, las Farc no se han pronunciado sobre la decisión unilateral de Uribe de excarcelar a varios de sus combatientes, como un mecanismo para que el grupo rebelde deje en libertad a los rehenes que mantiene secuestrados, algunos próximos a cumplir 10 años cautivos. Además de Betancourt, entre los rehenes en poder de la guerrilla figuran tres estadounidenses, 12 ex diputados regionales, cinco ex congresistas, un ex gobernador y varios militares.

Las Farc insisten en intercambiar a 60 rehenes por miles de sus guerrilleros encarcelados y exige que el gobierno retire sus fuerzas armadas de una zona de 780 kilómetros cuadrados para que sus delegados se reúnan con los de Uribe a negociar un acuerdo humanitario. Pero Uribe se niega a retirar el ejército con el argumento de que la guerrilla busca reorganizar sus frentes golpeados por las operaciones militares.