El acceso a los medicamentos

Aleardo F. Laría

El acceso a los medicamentos por parte de los pacientes con menores recursos es un derecho incuestionable. Para ello es necesario disponer libremente de la patente del fármaco. Es una práctica permitida por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para casos de emergencia sanitaria, pero que ningún país se había atrevido a ejercer. El presidente Lula acaba de firmar un decreto que autoriza a saltarse la patente de un fármaco para proporcionar tratamiento antisida a 75.000 infectados en Brasil.

Se estima que unas 20.000 personas mueren cada día en el mundo por no tener acceso a los medicamentos disponibles para tratar enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis. El motivo es el elevado precio de muchos medicamentos. Fármacos contra el sida, que en los países desarrollados cuestan 10.000 euros anuales, pueden producirse como genéricos por sólo 250 euros.

Las grandes multinacionales farmacéuticas defienden su derecho a mantener durante largo tiempo las patentes sobre los medicamentos como forma de recuperar las inversiones empleadas en crearlos y ponerlos al alcance de los enfermos. “Sin patentes no hay innovación ni habrá medicamentos ni para ricos ni para pobres”, argumentan. Para que a los grandes laboratorios les compense invertir en desarrollar nuevos medicamentos, la actual reglamentación les concede durante 20 años la exclusividad cuando descubren una molécula nueva.

Los acuerdos de Doha en la OMC contemplaban la posibilidad de que un país pueda obtener, mediante una “licencia obligatoria”, genéricos de medicamentos amparados por una patente en caso de emergencia nacional. Sin embargo, hasta ahora, la gran industria farmacéutica había conseguido bloquear esa posibilidad, negociando directamente con cada uno de los países pobres una rebaja en los precios o concediendo licencias a empresas locales. El decreto de Lula da Silva es el primero que rompe con esa práctica consentida y se enfrenta a los grandes laboratorios haciendo uso de la prerrogativa de “licencia obligatoria”.

La decisión del presidente Lula se toma luego que fracasaran las negociaciones con el laboratorio Merck para abaratar el efavirenz, un fármaco que se considera de primera línea para combatir la infección por VIH. Brasil tiene 200.000 personas con VIH de las que 75.000 toman este fármaco. Mientras la importación del genérico fabricado en la India cuesta 0,44 dólares, Merck está cobrando a Brasil 1,65 dólares. El gobierno de Brasil quiere ahorrar 240 millones de dólares hasta el 2012, fecha en la que expira la patente.

Lula declaró que no permitirá que en Brasil los intereses comerciales primen sobre la salud. “Se trata de que los precios sean justos no sólo para nosotros, sino para cualquier ser humano del planeta que este infectado. Entre nuestro comercio y nuestra salud, vamos a cuidar nuestra salud”, dijo.

Merck es uno de los tres mayores laboratorios del mundo, con una facturación anual de más de 16.000 millones de euros. Según uno de sus portavoces, “la expropiación de la propiedad intelectual podría frenar su interés por la investigación de enfermedades que afectan a países en vías de desarrollo y tendrá un impacto negativo en la reputación de Brasil como país industrializado que quiere atraer la inversión exterior”.

Entretanto, en la India, está pendiente de resolución el caso promovido por la farmacéutica Novartis para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de patentes local que protege la posibilidad de producir medicamentos genéricos más baratos al alcance de las personas que viven en los países pobres. India se ha convertido en la “farmacia de los países pobres”, de modo que lo que ocurra con su ley de patentes afectará a millones de personas que viven en los países menos desarrollados.

Es evidente que los laboratorios que realicen investigación de nuevos fármacos tienen el derecho a recuperar su inversión. Pero en la realidad se constata que gastan mucho más dinero en publicidad y marketing que en investigación. Por otra parte, las investigaciones se dirigen atendiendo a pautas de mercado, de modo que apuntan a fármacos relacionados con el estilo de vida (caída del cabello, impotencia, regeneración celular) más que las enfermedades que afectan a millones de personas pobres.

El sistema de conceder un monopolio de explotación por un largo plazo, a través de las patentes, es una forma ineficaz del uso de recursos escasos. Fórmulas alternativas pasan por dedicar mayor esfuerzo a la investigación pública concertada con la privada o establecer un sistema de premios a la investigación como propone el Premio Nobel Joseph Stiglitz. El plazo de 20 años, en cualquier caso, es manifiestamente excesivo.

Es urgente implementar mecanismos para que los medicamentos sean más accesibles y lleguen a más personas. Como se proclamó en Doha, “la salud pública está por encima de cualquier interés comercial”. No deberíamos contemplar impotentes cómo mueren injustamente miles de pobres porque no se puede pagar el precio de un medicamento.