Una fiscal pidió que se cierre el penal juvenil de la comisaría 1ª

La fiscal Cristina Rubiolo solicitó la clausura del penal de menores de la comisaría 1ª tras constatar que "no se encuentra en condiciones de albergar a persona alguna" y concluir que el estado del lugar convierte en ilegítimas las detenciones de los jóvenes alojados allí. Así se pronunció en respuesta a un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe para que se desalojen las celdas de Juan Manuel de Rosas 1350.

El recurso de hábeas corpus correctivo había sido presentado el viernes pasado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe ante el juez de Menores Jorge Cartelle, a quien le solicitaron la clausura del lugar por tratarse de un sitio "inhabitable" y húmedo, en el que los adolescentes no realizan ninguna actividad ni salen al patio. Repartidos en dos celdas, según consigna la presentación, entre diez a 25 chicos son alojados en forma transitoria en el penal hasta que los jueces a su cargo deciden el traslado a algún otro sitio o disponen una medida alternativa. Al momento de la inspección realizada por la defensoría había 24 jóvenes con causas penales, algunos de 14 años.


No aptas
El recurso ya obtuvo un dictamen favorable de la fiscal Cristina Rubiolo quien el mismo viernes inspeccionó el lugar junto al juez Cartelle y un médico forense Constató que la mayoría de los jóvenes habían sido trasladados y que sólo permanecían tres chicos con buen estado general No obstante valoró que las celdas no son aptas para alojar personas

Por eso la fiscal solicitó a Cartelle que haga lugar al recurso de hábeas corpus. En su dictamen, requirió que se ordene el inmediato traslado de los chicos a un sitio que respete las condiciones "edilicias, alimentarias y de salubridad" necesarias y que cuente con personal especializado para el cuidado de jóvenes imputados en causas penales.

Asimismo, pidió que se informe la situación a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia para que garantice "el cumplimiento de los derechos del menor". El dictamen quedó a revisión del juez Cartelle.

La inspección de la Defensoría del Pueblo fue realizada a fines de abril, luego de que Néstor Salto, de 16 años, muriera por las quemaduras que sufrió en la celda del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario. El adolescente había sido trasladado hasta allí sin permiso desde la comisaría 1ª, adonde lo habían conducido al ser detenido y donde debía permanecer por orden judicial. l