Reflexiones

¿Niños peligrosos o niñez en peligro?

Aldo Strada (*)

“El hambre es un crimen que aniquila el prodigio de la vida. Debe ser detenido. Sí o sí. Porque en nuestro país no faltan riquezas, ni alimentos, ni platos, ni madres, ni médicos, ni maestros, faltan en cambio la voluntad política, la imaginación institucional, la comprensión cultural y las ganas de construir una sociedad de semejantes, para decir trabajo, para cantar infancia, para besar familia. Sin una infancia sana, amasada y entera es impensable una Argentina mejor. Porque un país que mutila a sus niños es un país que se condena a sí mismo”.

Este expresivo párrafo integra el manifiesto del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que ayer iniciaron su Tercera Marcha, partiendo desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, con el propósito de recorrer 4.600 kilómetros, llegando a la Plaza de Mayo el viernes 18. Entre el 11 y el 14 estarán en territorio santafesino.

Su presencia reactualiza las falencias del Estado santafesino en materia de protección a los menores de 18 años, en aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, votada en las Naciones Unidas, que inaugura una nueva etapa en la consideración jurídica de los niños, niñas y adolescentes del mundo.

El 10 de agosto de 2006, presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que no ha perdido estado parlamentario y tiene por objeto esa adecuación.

La protección integral de los derechos del niño es el nuevo paradigma desde donde construimos una forma de pensar los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.

Pero las instituciones para menores santafesinas todavía siguen respondiendo al paradigma del patronato, establecido por la ley 10.903 o ley Agote, que data de 1919 y que ve en el menor un objeto de tutela por parte del Estado, lo cual implica, generalmente el aislamiento de su familia en institutos cerrados, que son versiones para chicos del sistema carcelario.

El 4 de noviembre de 2005, entró en vigencia la ley 26.061, sancionada por el Congreso nacional, que derogó la anticuada concepción del patronato y visualiza al niño y al adolescente como ciudadano, como sujeto de derecho y, por lo tanto, titular de derechos inalienables, tales como el alimento, la vivienda, la educación, la salud, la recreación y la posibilidad de desarrollar sus capacidades para interaccionar en plenitud con el conjunto de la sociedad.

Esta ley reglamentó los principios, que en la reforma de 1994, incorporaron a la Constitución nacional, la citada Convención sobre los Derechos del Niño.

Los hechos ocurridos en el Irar hace poco tiempo, señalan la urgencia de esta acción legislativa, por los horrores que se viven en los institutos para “menores en conflicto con la ley penal”, no son más que la punta de un témpano, que asoma del no lugar, en el que viven y mueren, decenas de miles de niños y adolescentes en esta provincia.

Decimos no lugar, porque en un lugar, en cualquier lugar, hay una posibilidad de vida, de estudio, de trabajo, de recreación, de progreso. Algo que está negado a esos miles de niños y adolescentes, que al estar en un no lugar, viven no vidas y no son visibles.

A estos chicos no se los ve cuando piden una moneda a cambio de una estampita, una flor, un lavado de parabrisas. Sólo se hacen visibles cuando trepan a la punta del témpano mediante la comisión de un robo, una pelea, el consumo de una droga. Entonces pasan a ser menores delincuentes y se reclama, a gritos, que hay que encerrarlos, para la seguridad de la gente decente, que es una vergüenza que entren por una puerta y salgan por la otra, que hay que bajar la edad de imputabilidad y castigo de los delitos.

No comprenden que su seguridad, la seguridad del conjunto de los ciudadanos, no depende de que haya muchos menores presos, sino de que los ciudadanos menores de 18 años vivan en condiciones que no los impulsen hacia el delito. Más que niños peligrosos hay niños en peligro.

Por eso señalamos la urgencia de tratar los proyectos al respecto, que se encuentran en la Comisión de Promoción Social y que incluyen, además del citado de mi autoría, otros de la diputada socialista Lucrecia Aranda y del diputado Marcelo Brignone (EP)

En el trámite parlamentario se podrá introducirles los cambios y mejoras que el cuerpo considere convenientes y avanzar para ponerlas en vigencia, haciendo responsable al Poder Ejecutivo de establecer los medios materiales de construcción de una nueva política ciudadana para los niños, niñas y adolescentes y al Poder Judicial, responsable de velar por el cumplimiento de esas leyes.

Sólo así, se empezará a modificar uno de los tantos resultados nefastos de las políticas neoliberales instauradas por la dictadura militar y su ministro Martínez de Hoz, profundizadas durante los años 90, que vulneran los derechos de los trabajadores, de los niños y adolescentes, de los ancianos, de las mujeres y del conjunto de los ciudadanos.

(*) Diputado provincial del ARI