El compromiso presupuestario de la Nación y las demandas de las jurisdicciones

Conflicto salarial docente: jaque al financiamiento del sistema educativo

Las protestas de los gremios de maestros en varias provincias reinstalaron la discusión acerca del sostenimiento de la enseñanza

Matías Loja / La Capital

Los gases lacrimógenos y la represión ejercida contra los maestros, que se cobraron la vida del docente neuquino Carlos Fuentealba, generaron una serie de reclamos docentes que volvieron a poner en el centro de la escena, de manera directa e indirecta, el financiamiento del sistema.

Más allá del pedido de justicia y castigo a los responsables del asesinato del educador, varias voces se alzaron para sumar a los debates la relación de los conflictos salariales en varias provincias con el sostenimiento y los compromisos financieros hacia la enseñanza.

Tras el acuerdo nacional suscripto a fines de febrero entre la Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y el Ministerio de Educación de la Nación, que elevó el piso salarial de 840 a 1040 pesos, las protestas por un incremento en los ingresos docentes y el pase de sumas en negro al sueldo básico pusieron en jaque el inicio de clases en una docena de provincias. Pero ni el compromiso nacional de auxiliar a 12 jurisdicciones para que hagan efectiva la resolución del piso unificado fue suficiente para evitar que se agudice la conflictividad con los gremios.

La muerte del docente neuquino fue el detonante para que desde distintos sectores de la comunidad educativa surgiera el planteo de la conveniencia de la convocatoria, por parte de la Ctera, a una medida nacional que reunifique los reclamos de los maestros. Paradoja de este abril de 2007, cuando se cumplen 10 años de la instalación de la Carpa Blanca, la última gran protesta docente nacional.

“En ningún momento esto dejó de debatirse en el congreso de Ctera, pero esa postura de una medida nacional obtuvo 6 votos”, destaca el secretario general del sindicato docente, Hugo Yasky, quien completa diciendo que no hay registro en la historia del gremio de un paro nacional por el conflicto en dos o tres provincias. “Si la Ctera se dedicase a hacer paros nacionales cada vez que hay una provincia en conflicto estaríamos de paro 14 días por mes”, apunta el dirigente.

Una medida que de haberla hecho efectiva hubiese significado para Yasky que hoy el gremio de los maestros sea “una entidad despedazada y sin credibilidad frente a los docentes y frente a la comunidad educativa”. Y apuntó la fuente de este reclamo, que se le hace a la dirigencia nacional de los educadores, a la visión de un sector “con falta de honestidad intelectual que pretende incorporar como una suerte de trofeo en disputa para la interna sindical el asesinato de un compañero”. Una posición a la que considera como “tan indecente como lo que hacen los partidos de la derecha que no se expidieron sobre la criminalización de la protesta social ni sobre el asesinato del profesor”.

   

Compromiso financiero

Sancionada a fines de diciembre de 2005, la ley de financiamiento educativo Nº 26.075 implica el compromiso de elevar gradualmente los fondos destinados a la enseñanza hasta llegar al 2010 con un 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) para el sistema. Aunque uno de los puntos más álgidos de esta norma, y que por estos días ha vuelto a discutirse, es el reparto del compromiso entre la Nación y las provincias.

La ley establece que el 40 por ciento del aumento anual educativo corresponde al Estado nacional, mientras que el resto quedará a cuenta del esfuerzo de las distintas jurisdicciones provinciales (ver infografía).

Para Axel Rivas, director del Programa de Educación del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) si bien existe un discurso instalado en las últimas semanas sobre la responsabilidad de la ley de financiamiento en los conflictos docentes, en realidad “la ley se cumple en todas las provincias, pese a que demanda un aumento del esfuerzo presupuestario que a veces los gobiernos no están dispuestos a hacer.”

“Existe una impresión equivocada sobre el compromiso nacional con el aumento del presupuesto, porque el 60 por ciento que les corresponde a las provincias es en realidad un esfuerzo global menor al que tiene que hacer la Nación”, subraya Rivas, quien desde el Cippec realiza periódicamente un monitoreo detallado de la marcha de esta norma financiera. Sobre el acuerdo del piso unificado para los maestros, el especialista del Cippec afirma que este anuncio afectó exclusivamente a la provincia de Buenos Aires, “la única jurisdicción que no podía cumplirlo”.

El presente año electoral, la tensa relación de fuerzas entre sindicatos y gobiernos, y fundamentalmente el estilo “monolítico” de gobierno de algunas provincias, como Salta, Neuquén y Santa Cruz, son parte de los elementos que el investigador del Cippec juzga como imprescindibles para dar cuenta de la conflictividad social en varias jurisdicciones.

El régimen de coparticipación es para Rivas otro de los puntos que merecen rediscutirse ante esta realidad, ya que lo considera como “el gran determinante de las desigualdades en el financiamiento de la educación y del estado de cada una de las provincias”. “Reformar la coparticipación es casi imposible, porque requiere del acuerdo unánime de todas las jurisdicciones”, explica el investigador, por lo que recomienda forzar la discusión desde alternativas que corrijan los defectos de este acuerdo federal.

Financiamiento, coparticipación y acuerdos gremiales, todos en medio de un año electoral, son elementos que se asoman en el fondo de los actuales debates educativos. Más allá del justo repudio a la represión policial ejercida en Neuquén, son algunos de los factores políticos y económicos que sirven como piezas necesarias para entender las cuestiones de fondo que subyacen al brutal asesinato del educador neuquino.

Miles de docentes se movilizaron en Neuquén, y en el resto del país, en repudio del asesinato de Fuentealba.