La falta de legislación favorece a los tratantes de blancas

Si bien el estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) destaca que en los últimos tres años la trata de personas comenzó a formar parte de la agenda pública argentina con incipientes esfuerzos para combatirla, todavía falta, por ejemplo, que sea tipificada como delito en el Código Penal. No obstante, se destacan algunos proyectos de ley como el de federalizar esos delitos para que el tránsito entre provincias no termine favoreciendo a los tratantes.

El informe aclara, sin embargo, que una ley "no será suficiente" si no se acompaña de voluntad política. Además hay otros aspectos débiles como la carencia de conocimientos sobre el tema que poseen los operadores judiciales a la hora de abordar estas formas de delincuencia.

Otro déficit que se apunta es que "la escasez de hechos judicializados" y sus resoluciones: las investigaciones son muy largas, hay muy pocas condenas y no se suele ir más allá de identificar a los regentes de prostíbulos, sin investigar a fondo el funcionamiento y las rutas de la trata.

En este marco "son preocupantes los niveles de violencia e impunidad, con prácticas que van desde la tolerancia omisiva hasta la activa protección de los tratantes por miembros de las fuerzas de seguridad". También "existen casos de protección política", aunque "menos visibles".


Contención
El trabajo de la OIM señala que no hay una política de asistencia a las víctimas que implique además un seguimiento para constatar si éstas terminan reingresando a redes similares En este sentido la diputada socialista Silvia Augsburguer presentó un proyecto para crear un programa de prevención y asistencia a las víctimas

"Es un fenómeno complejo que incluye aspectos relacionados con la pobreza, las desigualdades sexuales y socioeconómicas", consideró Augsburger, para quien "es necesario adoptar un enfoque multidisciplinario e interinstitucional que tenga en cuenta todos estos aspectos y en el que participen todas las partes, así como mecanismos de cooperación nacional e internacional entre el lugar de origen, tránsito y destino".

Para la legisladora, el Estado debe intervenir tanto combatiendo estos delitos como conteniendo a sus víctimas con "servicios integrales, accesibles y gratuitos" de asistencia médica, psicológica y jurídica. "Suele suceder que cuando las víctimas son rescatadas no se sabe qué hacer con ellas. En este aspecto el Estado no existe, no hay ningún tipo de contención, y eso es algo que se pretende revertir con este proyecto", explicó. l