Financiamiento. La creciente dependencia que presentan los Estados del interior con los fondos de origen nacional es la contracara del superávit fiscal del gobierno central

Un nuevo round fiscal entre Nación y provincias

La disputa salarial en el sector público reabrió el debate sobre la coparticipación y el destino de las retenciones a las exportaciones

Sandra Cicaré / La Capital

¿Quién pone la plata?, se preguntó hace casi dos meses el entonces ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires cuando el gobierno nacional anunció un aumento del 24% en los salarios docentes en el momento justo en que el principal distrito del país negociaba con los maestros por un incremento ante la amenaza del no inicio de clases. La respuesta no se hizo esperar. Sería la propia provincia la que debería afrontar las subas -por efecto de los pactos fiscales de los años 90 que impulsaron el traspaso de los servicios educativos a esa esfera- pero no Gerardo Otero quien lo firmara. El funcionario, que cuestionó una política "orientada a anular las autonomías provinciales para definir ingresos y egresos y que provoca un creciente ahogo financiero", fue reemplazado por un hombre del círculo chico del Ministerio de Economía. La lección era clara: el que realmente maneja la caja toma las decisiones, más allá de las enunciaciones federalistas o las autonomías nunca ejercidas, es el gobierno nacional.

En la disputa por los ingresos, lo que a las empresas les demanda un ejercicio de recálculo de costos alcanza un rango jurídico cuando se trata del Estado. Los últimos reclamos del gremio docente sumados a las recomposiciones que alcanzaron los empleados públicos de la provincia volvieron a meter en agenda el debate sobre la coparticipación, una ley que aunque muchos pregonan como necesaria, en los hechos está demorada por las vulnerabilidades que puede poner al descubierto en la estructura fiscal de las provincias, un universo del que Santa Fe no puede escapar, pese a su buen ordenamiento fiscal.


Costo fiscal
Según el último boletín de la consultora Economía y Regiones, el costo fiscal de la medidas salariales implementadas el año pasado representan 341 millones de pesos para la región pampeana conformada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Si en cambio las provincias afrontan el 24% de aumento anunciado por la Nación a los maestros, esto representarían unos 566 millones de pesos en la región pampeana, lo que implicaría una reducción del 30,8% en su superávit primario, según indicó E&R.

Con este escenario, los jurisdicciones que son las grandes aportantes al fisco reflotan el reclamo de un nuevo esquema de reparto de fondos en el que Santa Fe y Córdoba y Buenos Aires esencialmente buscan incluir el tema de las retenciones a las exportaciones.

De los 3.581 millones de dólares de retenciones que generará la campaña 2006/2007, la provincia de Buenos Aires aportaría 1.041 millones (29%), la de Córdoba 873 millones (24%) y Santa Fe 748 millones de dólares (21%), explicó en un informe el Ieral, de la Fundación Mediterránea (ver aparte).

Desde el año 2002 en que se creó este gravamen no coparticipable, la economía de Santa Fe transfirió al fisco nacional 4.700 millones de dólares en concepto de retenciones a las exportaciones, es decir el 10% del Producto Bruto Geográfico,según datos de Fundación Libertad.


Autonomía fiscal
Pese a que Santa Fe está entre las administraciones con menor vulnerabilidad financiera porque el stock de deuda no compromete su gasto primario, el nivel de autonomía -es decir la capacidad de financiamiento con recursos tributarios propios- está por debajo del promedio nacional, un rango que sólo superan Ciudad y provincia de Buenos Aires.

En los hechos, la recaudación tributaria santafesina representa apenas el 28,5% del total de ingresos, un número que se va achicando a medida que se recorre el mapa argentino y que explica el grado de dependencia de las provincias de los recursos que vienen de la Nación y la escasa posibilidad de encarar políticas autónomas por encima de lo que dispone el poder central, según un informe denominado "La situación fiscal y financiera de las provincias, previsiones para 2007", elaborado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA que conduce Claudio Lozano y conformado por Roberto Larrosa y Tomás Raffo.

"Los recursos de origen tributario aportan cerca del 75% del total presupuestado en Santa Fe para 2007, donde sobresalen lo percibido vía impuestos nacionales", indica Fundación Libertad. Sobre 8.448 millones de pesos presupuestados como recursos, 4.235 corresponden a los impuestos nacionales.


Recursos propios
El estudio de Lozano indica que, salvo ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, el resto de las provincias argentinas no alcanza el promedio de autonomía fiscal. Según estos datos, el 82,7% del total de sus ingresos de la Ciudad Autónoma son propios, mientras que en provincia de Buenos Aires este porcentaje llega al 48%. Aunque Santa Fe ocupa el tercer lugar en el ranking, apenas el 28,5% del total de ingresos provienen de sus propias arcas, seguida por Córdoba con el 26,5%. La provincia más vulnerable es Formosa, donde sólo el 4,6% del total de sus recursos son genuinos.

De todos modos, no todo lo que brilla es oro. En rigor, aunque Buenos Aires tiene un alto grado de autonomía fiscal está encorsetada por otro frente, se trata de una provincia que ocupa este año pasará a ocupar el segundo puesto en el ranking de apoyo financiero de la Nación (en 2006 estaba en el quinto lugar), ya que los préstamos del poder central equivalen al 71,6% de los servicios de deuda.

Lo mismo ocurre con Ciudad de Buenos Aires, donde se prevé que este año la Nación le financie el 46% de los servicios de su deuda, según el estudio que conduce Lozano.

En cambio, en este punto Santa Fe saca chapa. La provincia de Santa Fe es una de las que presenta menor vulnerabilidad financiera tanto desde el punto de vista estructural como coyuntural. Comparada con otros distritos del país, el stock de deuda santafesina versus el gasto primario y el total, es uno de los que tiene mejor performance.

De todos modos, junto a Buenos Aires y Santa Cruz es una de las cinco con menor fortaleza fiscal, es decir aquellas cuyas finanzas tienen menor capacidad de respuesta para hacer frente a una determinada política, entre ellas los aumentos salariales.

El informe de Lozano precisa que, a diferencia de Santa Fe, la provincia de Córdoba se encuentra entre el grupo de las que presenta mayor vulnerabilidad financiera estructural, ya que el peso de su deuda insume el 112,9% del gasto primario. Pero también esto impacta en lo estructural, ya que en la provincia mediterránea los servicios de deuda representan el 14,3% del gasto primario.

Por otra parte, en las cuentas santafesinas los servicios de deuda insumen el 6,2% del gasto total, menos de la mitad que Córdoba (14,3%) y que Buenos Aires, donde el 14% de su gasto se destina al servicio de deuda.

Al igual que Córdoba, Buenos Aires presenta un alto grado de vulnerabilidad financiera estructural (121,4%) a lo que se le suma uno de los peores indicadores de fortaleza fiscal, es decir en capacidad financiera para afrontar determinadas políticas, fundamentalmente las de tipo salarial.


La puja salarial
Por otra parte, Santa Fe ocupa el puesto 13 en el ranking de impacto fiscal que provocan los incrementos salariales, ya que el gasto en personal representa 45,8% del gasto primario. Cuanto más bajo es el puesto menor es el impacto que tiene el componente salarial en el gasto.

Aunque los números no son nuevos, sí desnudan la realidad que se coló en la campaña política de la provincia de Buenos Aires. Según presagian los analistas, el principal distrito del país terminará 2007 con un abultado déficit fiscal que podría quedar licuado en la medida que el candidato oficialista, Daniel Scioli, se quede con la conducción de la provincia y los fondos frescos de la Nación puedan salvar cualquier incendio.

Por otra parte, el endeudamiento de Buenos Aires y sus recurrentes déficits fueron en buena parte el principal escollo para discutir una nueva ley de coparticipación, que por mandato constitucional está pendiente desde 1994.

En la provincia de �Santa Fe también desde la oposición ya están sonando con fuerza los reclamos en este sentido, como el que realizó hace pocos días el candidato del socialismo Hermes Binner, reclamando una legislación que regule el reparto de los fondos coparticipables.

Kirchner y Solá, protagonistas de una conflictiva relación fiscal entre la Nación y la provincia de Buenos Aires.