La ley de punto final cumple 20 años de sancionada

La ley de punto final, que junto con la de obediencia debida abrió la puerta a la impunidad para los delitos cometidos por los militares de la última dictadura, cumple hoy 20 años de sancionada.

El 23 de diciembre de 1986, diputados y senadores aprobaron la ley 23.492, que limitaba a 60 días el plazo para denunciar a responsables involucrados en crímenes cometidos desde el Estado durante la dictadura militar.

El gobierno de Raúl Alfonsín, que en 1985 había juzgado a los comandantes de las Juntas Militares que se sucedieron desde 1976 a 1983, dio respuesta así a los reclamos de amnistía que habían enunciado las fuerzas armadas.

“Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley”, establecía la norma.

La aprobación de la ley, promulgada en vísperas de la Navidad de 1986, provocó en los familiares de víctimas del terrorismo de Estado el aceleramiento de las denuncias ante la justicia.

Durante los 60 días que fijaba la ley como plazo para presentar denuncias, la justicia recibió más informaciones que en los tres años que llevaba el gobierno constitucional.

La ley de Punto Final representó el paso previo a la ley de Obediencia Debida sancionada en 1987, meses después del levantamiento carapintada de Campo de Mayo, que dejó en libertad, entre otros, al ex comisario Miguel Etchecolatz.

Ambas leyes fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2005 y hoy, tras ser juzgado, Etchecolatz cumple una sentencia de reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad.