Reflexiones

El calvario del transporte urbano

Manuel Alberto Tasada

Dentro de nuestro esquema socio-económico, pocos grupos humanos despiertan tanta animadversión como los empresarios del transporte urbano de pasajeros, y a nivel secundario, sus empleados, que son los conductores de ómnibus.

Resulta lógico que los usuarios de un servicio reaccionen contra el posible aumento del boleto, máxime teniendo en cuenta que a veces, la prestación que obtienen no es satisfactoria.

Sin embargo, al no tener un panorama de la evolución del problema y su estado actual, se puede caer en calificaciones injustas, que no corresponden.

Como es de público y notorio, las empresas de transporte circulaban y circulan bajo el amparo de pólizas de seguro, que supuestamente deberían liberarlos de los reclamos de terceros, ya sea por lesiones, muerte y/o daños materiales. A este respecto, la historia ha sido trágica para el transporte urbano: en la década del 60, estaban amparados en AETA del Chaco, que se cayó, debiendo afrontar de su peculio los juicios pertinentes. Le sucedieron La Docta y La Unica, repitiéndose el mismo proceso. En ese momento irrumpieron en el mercado asegurador dos cooperativas de seguros, Belgrano y Rivadavia. La primera se asentó en nuestra ciudad, y la segunda en la ciudad de Buenos Aires.

En la historia del seguro, existió un bimestre negro, que fue el de junio-julio de 1989, equiparable al jueves negro de Wall Street en 1929. Como resultado de la inflación, las deudas de las aseguradoras se multiplicaron por un 660%, mientras que por cobranzas percibieron un 160%, o sea un desfasaje de cuatro a uno. Tras una larga agonía, en agosto de 1996, "Belgrano" entró en liquidación. Como consecuencia inmediata, de las 26 líneas de ómnibus que había en la ciudad, solamente cuatro quedaron en pié, sorteando el casi insoluble problema de tener que afrontar centenares de juicios por cifras considerables. Cabría preguntarse, si es tan rentable el negocio, cómo desaparecieron 22 empresas.

En esta actividad, se presentan matices muy especiales. Las empresas, salvo la municipal, son privadas y aquí surge la primer particularidad: en el comercio en general, el empresario asume el costo del producto, y de acuerdo a éste, fija el precio de venta con un margen de ganancia. En el caso que nos ocupa, ello no es así, ya que el precio de venta, o sea el boleto, lo fija el gobierno municipal. Por este motivo, cada vez que se produce un desfasaje por el aumento del precio de los insumos, y los costos laborales, especialmente los salarios, comienza un tira y afloja, influenciado por la opinión pública y el bolsillo del usuario.

Existen dos condimentos adicionales que el común de la gente ignora, pero tienen enorme repercusión en las cargas que soportan estos empresarios. Una, está representada por la imposición de Superintendencia de Seguros de La Nación, de que no pueden constituirse en auto asegurados, sino que deben contratar con cinco aseguradoras específicas. Dentro de la póliza está impuesta una cláusula mediante la cual se dispone que la aseguradora comienza a responder por encima de los $40.000. Ello significa que las empresas tienen a su cargo en cada siniestro, como franquicia, el importe mencionado. Salvo lesiones graves o muerte, todos los juicios están por debajo de ese monto, de manera que mensualmente pagan exorbitantes cifras por prima de seguro, y al mismo tiempo tienen que afrontar casi la totalidad de los juicios en trámite.

En Capital Federal, se han reunido las doce Salas en lo Civil para dictar un Fallo Plenario sobre la inconstitucionalidad de la cláusula de la franquicia. Existen trascendidos, que se va a declarar la inconstitucionalidad por abrumadora mayoría de votos, pero, está en suspenso si se dispondrá que las aseguradoras afectadas, puedan repetir dichos importes contra sus asegurados. Si fuere así, se convertiría en una verdadera espada de Damocles, ya que aumentaría la litigiosidad y el costo de los juicios por honorarios e intereses.

No terminan aquí las tribulaciones de este negocio. El Consejo Municipal dictó tres ordenanzas, por las que se autoriza a viajar gratis a los mayores de 69 años, a los discapacitados, y con 38% del precio del boleto a los estudiantes. En los dos primeros grupos, se estima que más de 30.000 beneficiarios viajan sin pagar boleto.

La aplicación de las dos primeras ordenanzas, ha traído una consecuencia muy onerosa, que también juega en contra de las empresas. En efecto, en los países desarrollados, resultaría inadmisible el pasajero parado. Es de público y notorio, que en nuestra ciudad el pasajero parado constituye la regla y no la excepción. Es evidente que las personas mayores de 69 años y los discapacitados, se encuentran en inferiores condiciones para superar las frenadas bruscas que se producen cotidianamente. Ello se refleja en que la inmensa mayoría de las lesiones, corresponden a personas beneficiadas por las ordenanzas. Esto provoca un círculo vicioso y absurdo: el poder público obliga a los empresarios a transportar gratuitamente a esas personas. Por su edad y características, están más expuestas a lesionarse. Las empresas deben atenderlas, pero recién después de $ 40.000, funciona la cobertura del seguro.

Como una magra compensación a estas imposiciones, se otorgan franquicias como la entrega del gas-oil subsidiado, que no llega a compensar ni cercanamente los aumentos de insumos, salarios y prestaciones por accidentes. Para colmo, según publicaciones periodísticas, se aplica el refrán popular de que "Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires". Viene a colación ya que el 86% de esos subsidios se invierten en Buenos Aires y sólo el 14% en el interior.

La creación de la Semtur y la incorporación de sus nuevas unidades, debe tener la acogida favorable que se merece por parte de toda la población. Las autoridades van a tomar pleno conocimiento de que la demagogia no puede existir en contra de los fríos números de la economía y los cálculos actuariales. Por consiguiente la tarifa que se fije debe guardar un justo equilibrio entre las nec esidades del usuario y de las empresas, posibilitando que éstas presten un servicio acorde a las exigencias de la época.