Negocios sucios. Los escándalos más recientes salpican tanto al oficialismo como a la oposición

El boom urbanístico que vive España dispara la mayor ola de corrupción

La imparable industria de la construcción crece a base de sobornos y maniobras ilegales de gobiernos locales

Madrid. - Cuando faltan seis meses para las elecciones municipales en España, el país está viviendo una ola de escándalos de corrupción urbanística de grandes dimensiones, que salpica tanto al gobernante Partido Socialista (PSOE) como al opositor Partido Popular (PP), más allá de pequeñas formaciones regionales.

En lo que parece un pozo sin fondo, casi a diario sale a la luz algún caso nuevo protagonizado por el alcalde que cobra jugosas comisiones ilegales, o el promotor inmobiliario que paga sustanciosos sobornos a cambio de una licencia para construir. Esto lleva a expertos como Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a afirmar que en España "la corrupción es sistemática", en lo que al urbanismo se refiere.

Entre los escándalos más recientes están el "caso Faycán", en el municipio grancanario de Telde, donde el alcalde, Francisco Valido, y cinco concejales del PP están siendo investigados por presuntas comisiones ilegales, o el de Ciempozuelos, en Madrid, donde un juez decretó prisión para los ex alcaldes socialistas Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón por acusaciones similares.

Pero ya sea en Madrid o en algún remoto lugar del interior, los escándalos que han ido aflorando tienen un denominador común: el dinero. O, mejor dicho, la forma de ganar mucho dinero en muy poco tiempo, convirtiendo en oro un pedazo de tierra.

Al calor del boom urbanístico que España vive desde hace casi una década, período durante el cual el precio de la vivienda se ha más que duplicado, se ha instalado lo que en el país llaman la cultura del "pelotazo". La metodología es casi siempre la misma y va unida a una palabra mágica: la recalificación. Así, por ejemplo, el propietario de un terreno rústico que no vale mucho y que apenas era utilizado para poner a pastar el ganado, logra que ese suelo sea declarado urbanizable para que allí se permitan construir viviendas o algún hotel.

Por la vía del soborno, esta recalificación, que multiplica el valor inicial del terreno y puede convertir a su dueño en millonario, se logra pagando una coima, ya sea al alcalde, al concejal a cargo o incluso a todo el Concejo si fuera necesario.

También se da el caso de promotores que poseen suelo no urbanizable y llegan a un "acuerdo" con el municipio en cuestión para que éste recalifique los terrenos y se pueda edificar. Para hacer legales estas operaciones, se suscriben los llamados convenios urbanísticos, que según el catedrático Manuel Villoria no son más que "un nido de corrupción".

Existe, además, la vía de los hechos consumados, que consiste en construir una casa en un terreno no urbanizable y esperar que con el tiempo esta edificación sea legalizada. De esta forma han surgido decenas de urbanizaciones en España: sólo en el último año y medio, la Guardia Civil localizó casi 13.000 construcciones ilegales a lo largo y ancho del país. El total de estas edificaciones no autorizadas supera las 100.000.

Para muchos municipios, sin embargo, negocios de este tipo son la única posibilidad de mejorar la economía local y crear puestos de trabajo en la zona. Esto hace muy difícil sustraerse al encanto de estas operaciones multimillonarias, sobre todo en un país como España, en el que se construyen anualmente unas 800.000 viviendas, tantas como en el conjunto de Alemania, Francia y Gran Bretaña.


Suenan las alarmas
La alarma por el "urbanismo salvaje" y los casos de corrupción es tal, que el gobernante Partido Socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero, propone devolver al Estado cierto control en el ordenamiento urbanístico, al menos en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Este control depende actualmente de las comunidades autónomas y los municipios.

Quizás así se hubieran evitado casos como el de Marbella, el más notorio en España en lo que a la corrupción urbanística se refiere. Las ilegalidades y los negocios sucios descubiertos en esta localidad costera del sur de España fueron de tanta envergadura que el gobierno central tomó una decisión nunca antes adoptada en tiempos de democracia: disolver y sustituir por una gestora el municipio marbellí, cuyos máximos responsables se encuentran en prisión.

La adjunta de la alcalde, Isabel García Marcos, dejó para la posteridad una frase -grabada por la policía durante una llamada desde su teléfono intervenido- que resulta paradigmática para ilustrar el problema de la corrupción en España: "Si yo no cobro, no hago papeles para nadie...".

El paraíso turístico de Marbella ya es un caso emblemático de corrupción urbanística.