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jueves,
09 de
noviembre de
2006 |
Desaparecidos: Antonio Cafiero debe pagar 200 mil pesos
Mendoza.- El juez federal de San Rafael, Raúl Acosta, concedió el beneficio de la eximición de prisión al ex senador peronista Antonio Cafiero en la causa en que está imputado de la desaparición de un joven mendocino, pero le impuso una fianza de 200 mil pesos, según pudo saberse hoy.
El ex senador fue hasta ahora el único de los nuevos imputados en la causa en nombrar abogado defensor, Píndaro Fernández, y le encomendó solicitar la exención de prisión luego que el juez Acosta ordenara las capturas de la ex presidenta María Estela Martinez de Perón, más sus ex ministros Carlos Ruckauf y Cafiero.
El magistrado fundamentó su decisión en que Cafiero tiene 84 años y, señaló, “una eventual condena” a imponer “se cumpliria con prision domicliaria” por lo cual “se considera razonable que el imputado permanezca en libertad durante el proceso en razon del estado de inocencia que actualmente goza”.
El 27 de octubre pasado el juez de San Rafael emitió una resolución, en cuyo punto 4, ordenaba las detenciones de Isabelita, Cafiero, Ruckauf, entre otros, como “presuntos coautores prima facie del delito previsto y penado por el articulo 142 bis del Código Penal”, que prevé hasta la reclusión perpetua a quien prive ilegítimamente a alguien de la libertad.
En el punto uno, el juez solicitó datos personales y números de documentos de los funcionarios que componían el gabinete de ministros de la viuda de Perón.
Y en especial aquellos que en 1975 firmaron los decretos firmaron los decretos 2.770, 2.771 y 2.772 por el que se formó el Consejo de Seguridad y Interna y se autorizó a los gobierno provinciales a poner bajo control de la Nación a las fuerzas de seguridad.
Mencionó en el dictamen a los ex ministros de Economía, Cafiero, y Trabajo, Ruckauf; al fallecido ex presidente del Senado Italo Lúder; al fallecido ex ministro del Interior del gobierno de Isabel, Angel Federico Robledo, al entonces canciller Manuel Arauz Castex y el ex ministro de Defensa Tomás Vottero y el ex ministro de Bienestar Social Carlos Emery.
En el punto tres, Acosta mandó a pedir con “urgente despacho” al ministro de Gobierno de Mendoza Sergio Marinelli “la identidad, y sus domicilios si se les conociere, de quienes (en la administración) suscribieron poner las fuerzas policiales y de penitenciaria bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación”.
Todo ello en el marco de la causa judicial sobre el mendocino Héctor Aldo Fagetti Gallego, un periodista que había trabajado en Buenos Aires y volvió a su provincia, pero el 25 de febrero de 1976 fue secuestrado y nunca más volvió a aparecer, solamente un mes antes de que las fuerzas armadas perpetraran el golpe militar y detuvieran a “Isabel” y sus ministros. (DyN)
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