Juez cerró la investigación para extraditar a Fujimori a Perú

Santiago.- El juez chileno Orlando Alvarez, a cargo del proceso de extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori, cerró hoy la investigación y anunció que dictará sentencia antes de fin de año, hecho que fue calificado de “positivo” por la Procuraduría Anticorrupción en Lima.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos de Perú y Amnistía Internacional (AI) advirtieron públicamente sobre una supuesta connivencia entre el actual gobierno peruano del presidente Alan García y el partido de Fujimori para evitar la extradición a cambio del apoyo a proyectos oficiales en el Parlamento.

“He tratado de darles a las dos partes principales, al gobierno de Perú y al señor Fujimori, todas las oportunidades que me han solicitado en cuanto a pruebas para acompañar el expediente”, afirmó el juez.

La defensa de Fujimori, encabezada por el abogado Gabriel Zaliasnik, rompió también hoy su hermetismo y afirmó que el ex mandatario está “muy tranquilo” y convencido de que “retornará al Perú en libertad”.

Fujimori "confía en que se va a imponer nuestra verdad”, dijo el abogado, quien afirmó que el “anhelo” del ex mandatario es volver al Perú, pues “mal que mal, allá tiene a toda su familia”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú, Francisco Soberón, criticó la inacción del Estado peruano que puede “traer consecuencias” negativas para la extradición, opinó.

Soberón acusó a la administración de García de tener una “explícita alianza con el fujimorismo al interior del país”.

En tanto, Ismael Vega, director ejecutivo de AI en Perú, coincidió con esa tesis y sostuvo que el gobierno peruano carece de “una actitud proactiva y de voluntad para dar señales de continuar con este proceso con la misma actitud que habíamos visto” durante el gobierno de Toledo.

Para Soberón, la negativa del gobierno peruano a cooperar con el proceso, al demorar documentos solicitados por el magistrado sobre movimientos bancarios del ex mandatario, son “señales” de esta poca voluntad.

Según Vega, “la confluencia entre congresistas del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP) y de Fujimori, dan señales de preocupación, que nos hace ver que, por lo menos, hay un cambio de actitud”.

En tanto, Omar Chehade, jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría, consideró “positivo que se cerrara esta etapa procesal en cumplimiento del código de procedimientos penales chileno y ahora se pase a la fase de alegatos, que es previa a la lectura de sentencia”.

“Si la extradición es procedente, lo que se puede garantizar es el Estado de Derecho en el Perú y que el Poder Judicial actuará con toda independencia y autonomía”, señaló, por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.

El ex mandatario peruano es requerido por violaciones de derechos humanos cometidas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantura (1992) donde murieron 15 personas a manos del grupo militar “Colina”, a cargo del entonces asesor de Fujimori Vladimiro Montesinos.

También enfrenta cargos por malversación de fondos públicos, corrupción activa, atentado contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir.

Desde el 18 de mayo pasado, el ex presidente permanece en una casa del sector acomodado de Santiago, luego de recuperar su libertad condicional tras pagar una fianza equivalente a 2.800 dólares.

Fujimori tiene prohibición de salir de Chile, pero ha recorrido zonas rurales del sur de ese país y balnearios de la costa central donde ha realizado pesca deportiva. (Télam)