Cada vez más represores presos por violar los derechos humanos

Desde que anularon las leyes del perdón, más de dos centenas de militares y civiles fueron encarcelados

Como síntoma del avance de la Justicia tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, otros 27 represores acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura fueron detenidos en el último trimestre.

Con ellos, según un registro de la Procuración General de la Nación, la nómina suma ya 238 detenidos, en el marco de las 959 causas que en todo el país investigan las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

En esa lista de detenidos figura el ex número dos de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz, quien la semana próxima sería sentenciado a prisión por seis asesinatos y decenas de secuestros y tormentos por los que es juzgado por el tribunal oral federal de La Plata.

Las llamadas leyes del perdón, dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fueron anuladas por la Corte Suprema hace quince meses luego de un pronunciamiento masivo del Congreso, alentado desde el gobierno, lo que removió -tras 18 años- los obstáculos para la aplicación de justicia penal efectiva.

Por la naturaleza de los crímenes cometidos en esa época -secuestros, tormentos, asesinatos y miles de desapariciones-, tras la indagatoria casi todos los imputados quedan detenidos, como explicó el jueves último la defensa del ex jefe carapintada y ex intendente de San Miguel, Aldo Rico.

En ese marco, el magistrado había dispuesto a comienzos de semana las detenciones de los represores Osvaldo Jorge García, César Amadeo Fragni, Raúl Horacio Harsich y Alberto Angel Aneto por el secuestro, tortura, robo y desaparición del adolescente Floreal Floreal.

A Riveros, ya preso por el robo de bebés, la Cámara de Casación le anuló el viernes el indulto con el que fue beneficiado por el ex presidente Carlos Menem, lo que constituye un claro antecedente sobre cómo evolucionará la cuestión.

Hace diez días, el juez federal Norberto Oyarbide anuló los indultos que también beneficiaron al dictador Jorge Videla y a sus ministros de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y de Interior, Albano Harguindeguy, por el secuestro de dos empresarios en 1977.