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 martes, 05 de septiembre de 2006  
Acusan de asociación ilícita a 5 imputados de una estafa para apropiarse de un campo
Están procesados por adueñarse de 425 hectáreas en Fighiera. Un fiscal pide que los juzguen como una banda

Un fiscal solicitó que se procese por asociación ilícita a cinco personas involucradas en una enmarañada estafa para quedarse con 425 hectáreas de terreno ubicadas en Fighiera. El ardid consistió en apropiarse de las tierras tras la muerte de su dueño usando un poder apócrifo. Con ese documento, el campo fue vendido a una cerealera que lo explotó durante dos años, en perjuicio de los herederos de esa propiedad. Ahora un fiscal entiende que al menos cinco de los implicados en la estafa integraban una agrupación delictiva, en la que dos de ellos habrían tenido el rol de organizadores.

El pedido fue formulado por el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini ante los jueces de la Sala II de la Cámara Penal. Ese tribunal debe revisar los procesamientos dictados a siete personas por un espectacular fraude con un campo cercano al río, la creación de sociedades fantasma y la usurpación de identidades para obtener cuentas bancarias y líneas de teléfono. Por todas estas actividades, Camporini pretende que les amplíen la imputación a cinco de los acusados.

La gran estafa que se investigó en el juzgado de Instrucción Nº 9 y sobre la cual debe resolver ahora la Sala II de la Cámara Penal comenzó a revelarse en junio de 2002. Entonces, un hombre denunció la usurpación de un campo de Fighiera que había pertenecido a su tío, Roberto Domingo Bracalenti. El hombre había vivido solo en esa costosa propiedad con vista al río hasta que se quitó la vida de un escopetazo el 16 de enero de 2002.

Entonces sus sobrinos -entre ellos la esposa del ex director técnico de la selección de fútbol Marcelo Bielsa- iniciaron el trámite sucesorio para repartirse la herencia. Y a ese reclamo se sumó una hija no reconocida de Bracalenti. Hasta que cinco meses más tarde uno de los herederos detectó que otros hombres se habían instalado en la propiedad y decían ser sus dueños.

Así se descubrió, en una compleja investigación, que el campo había sido vendido por un supuesto apoderado legal de Bracalenti, el pai umbanda Omar Salvador Sánchez. Detentando un poder apócrifo a nombre del dueño original del campo, el falso apoderado vendió las tierras a la esposa de otro presunto ideólogo de la estafa, el ex empleado de IBM Raúl Miguel Tapié.

Para el fiscal Camporini, los dos hombres deberían ser implicados como jefes u organizadores de una asociación delictiva. Los dos se encuentran con medidas restrictivas de su libertad, aunque fuera de prisión. En caso de concretarse el pedido del fiscal pasarían a ser juzgados por una figura no excarcelable.

La propiedad de Fighiera luego fue vendida a la cerealera Servicios Portuarios, que según el boleto de compra-venta pagó 2.800.000 Lecop por el terreno, y que explotó las tierras por dos años. El entonces director de la empresa, Roberto Scaglia, fue procesado como partícipe del ardid. Como no apeló la medida, la resolución en su contra quedó firme. La escribana que consintió la operación, Claudia Costarelli, también fue procesada por adulterar dos escrituras, aunque cuestionó la medida por razones formales.

Los otros procesados que podrían ser alcanzados por la figura de asociación ilícita, aunque en calidad de integrantes, son la esposa de Tapié, Verónica Kunert; el abogado José Páez Alvarez y el estudiante de Ciencias Económicas Mauricio Capitani. Estos últimos están acusados de colaborar en la conformación de falsas sociedades comerciales, inscriptas a nombre de personas inocentes, para poder abrir cuentas bancarias y librar cheques sin fondos.

El letrado fue procesado bajo acusación de inscribir en el Registro Público de Comercio dos sociedades ficticias: New Life Kenel y Campos del Litoral, creadas para facilitar trámites bancarios en sintonía con Sánchez, aunque sin conexión directa con la maniobra de los campos. Capitani, en tanto, sería quien prestó su teléfono y su dirección para recibir en su casa la documentación relacionada con las falsas empresas.
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