No cesa el efecto del fallo nacional sobre el caso Fraticelli en la provincia

Desde la oposición, piden que se declare la "emergencia judicial"

Diputados del ARI y del PS objetan a la Corte provincial como motor de reformas y dicen que la orden de revisar el caso de Rufino fue un "golpe a la corporación"

A partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuestionó el proceso del caso Fraticelli, la oposición santafesina salió a cuestionar con dureza la idoneidad de vastos sectores del Poder Judicial de la provincia para liderar la reforma del procedimiento que rige los juicios penales y la totalidad del régimen judicial.

Para cuatro legisladores del ARI, el fallo emitido "es un golpe demoledor al obsoleto sistema judicial santafesino en materia penal". En tanto, los socialistas Antonio Bonfatti y Raúl Lamberto pidieron que "se declare la emergencia judicial".

Al pedir la revisión del caso Fraticelli, la Corte de la Nación recriminó con dureza la vigencia en Santa Fe de un régimen penal que permite que una misma instancia (jueces correccionales o cámaras de apelaciones) asuma más de una función, como intervenir en la investigación a un imputado y luego en la sentencia, lo que es contrario a la Constitución nacional.

Los diputados aristas Alicia Gutiérrez, Aldo Strada, Antonio Riestra y Verónica Benas realizaron una aguda crítica del sistema penal. Reprochan que tiene jueces que investigan en vez de juzgar y confunden así sus funciones. Que el fiscal "sólo repite" lo que dice el juez instructor y se fastidia cuando la víctima recurre a él. Que los procesos escritos quedan a espaldas del control público. Que hay una amplia delegación de la pesquisa en la policía. Que la participación de la defensa es limitada y que el juez no ve la cara ni a quien juzga ni a sus víctimas.

Entre las consecuencias de este sistema judicial "colapsado", los diputados adjudican a sus responsables un "progresivo desentendimiento de los problemas reales y urgentes de la población que explica el descrédito social y académico en que ha caído".

Luego de analizar el sistema judicial, los diputados cuestionaron a la Corte como motor de la reforma. Aducen que el modelo de juicio penal inquisitivo ha sido posible "por la tozuda reacción al cambio de los magistrados, más allá de honrosas excepciones personales". Y se preguntan: "¿Cuál podría ser el aporte al cambio de quienes reiterada y sistemáticamente han negado su urgencia y pertinencia? Hay razones objetivas para dudar de la voluntad de cambio en quienes siempre negaron su necesidad".

En este sentido, no olvidaron que "el poder político de la provincia tampoco tuvo voluntad de cambio, ya que hace más de diez años que no se trata ninguno de los proyectos presentados en Legislatura para modificar la legislación penal de la provincia". Por esto indicaron que la reforma judicial que impulsa el gobierno y la Corte provincial son "medidas cosméticas y no reales", ya que "una verdadera reforma debe contemplar cómo se nombran y remueven los jueces y eso es lo que irrita a la enquistada corporación judicial. Si para lograr el respeto de la Constitución y los derechos humanos se tuvo que remover a casi todos los miembros de la Corte de Justicia nacional, ¿los santafesinos no deberíamos recorrer el mismo camino?"

Por su parte, los socialistas Antonio Bonfatti y Raúl Lamberto coincidieron con el fallo del máximo tribunal nacional que "descalifica lo actuado en las instancias judiciales santafesinas" en cuanto al caso Fraticelli ya que, "por resultar contrario a la garantía que tiene toda persona de ser juzgada por un tribunal imparcial este fallo puso en crisis al Poder Judicial santafesino".


Megarreforma afectada
"Frente a una situación de crisis, se necesitan soluciones de crisis. La megarreforma al Poder Judicial diseñada a partir del Programa Estratégico Judicial queda profundamente afectada frente esta emergencia", consideró Bonfatti, a lo que Lamberto añadió: "Esta situación torna necesario un plan de emergencia que supere el plan estratégico judicial. No se puede continuar decorando el sistema cuando están cediendo los cimientos. Con tiempo se podrá continuar con las reformas pero hoy se necesita dar respuesta urgente a la emergencia".

Los socialistas reclamaron que la Legislatura, "especialmente la bancada oficialista, asuma su responsabilidad y propicie las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial que permitan a los órganos jurisdiccionales del fuero penal santafesino hacer compatible la garantía de imparcialidad".

Los legisladores del PS propusieron entre sus medidas de emergencia, para garantizar la imparcialidad institucional en el procedimiento penal: "Hay que garantizar, donde sea necesario, un mínimo de dos jueces penales y dos salas como cámaras de apelaciones en lo penal (Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto). Además, allí donde haya dos jueces penales se debería reasignar funciones para que se respete el principio de la imparcialidad, para que los que intervengan en la etapa de instrucción no lo hagan en la etapa del juicio".

El debate llegó a la Legislatura.