Ante todo, el derecho a educarse

Marcela Isaías / La Capital

Las críticas hacia los resultados de la ley federal de educación ya se han hecho escuchar bastante. La mayoría recae en las consecuencias que derivan de su fallida aplicación, sin el financiamiento adecuado y con modelos que responden a un proyecto de país que pretende pasar hoy por hoy a la historia.

Más allá de que puedan advertirse en sus principios una serie de buenas intenciones como los que rescatan la gratuidad y extensión de la obligatoriedad, lo cierto es que un punto clave que olvidó la llamada reforma educativa es el de considerar a la educación como un derecho.

Este principio, el de entender la educación como un derecho de todos, es quizás el que deberá guiar el debate que ahora se avecina. Y recién luego de entender que esto incluye a todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos sin ningún tipo de distinciones, se podrá discutir qué debe contener la nueva ley.

Paradigma

En este sentido, la representante de Unicef Elena Duro hace pocos días dio su visión en un foro educativo en función de la nueva ley, promovido por el Senado de la Nación. Duro había expresado que uno de los problemas de la Argentina y América latina es naturalizar ciertos déficits de la población infantil y de adolescentes que viven en contextos de pobreza. Algo así como creer que hay problemas educativos que nunca se resolverán, por las condiciones en que viven estas poblaciones. Sin embargo, la especialista advirtió justamente cómo puede cambiar esta mirada si el paradigma que se elige para el debate es el del derecho a educarse.

Recordó entonces que la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia (modificada en diciembre del año pasado) es buen instrumento normativo de donde nutrirse.

A estas expresiones se suman la de los más de 13 mil educadores que participaron a principios de mayo en el Foro Mundial de Educación realizado en Buenos Aires y que defendieron en la declaración final a "la educación como un derecho humano y social inalienable".

En síntesis, este cambio de mirada que proponen especialistas y educadores, tal vez sea el camino indicado para que de una vez por todas el derecho a educarse no sea sólo una declaración de principios.