Tregua. La calma parece instalarse tras casi cuatro días de choques entre bandas y policías que dejaron unas 115 víctimas fatales

El gobernador de San Pablo negó un trato con narcos, pero cesaron ataques

Después de obtener beneficios, los capos habrían ordenado desde prisión el fin de los fusilamientos

La ola de violencia delictiva que azotó a San Pablo durante casi cuatro días, dejó al menos 115 muertos y 53 heridos hasta ayer, cuando la mayor ciudad brasileña comenzaba a emerger del caos y el miedo.

Los diarios brasileños indicaron que el fin de los motines carcelarios y la vuelta de la calma obedecería a órdenes de la jefatura del Primer Comando de la Capital (PCC), luego de conversaciones con las autoridades. Pero, el gobernador, Cláudio Lembo, negó haber realizado acuerdos. Por su parte, el jefe de la Policía Civil también rechazó las versiones, indicó que "no se puede hacer acuerdos con bandidos".

Sin embargo, desde el diario Folha de San Pablo, se señaló que la suspensión de los fusilamientos partió de instrucciones que dieron los líderes deal (PCC) por teléfono celular a las cuadrillas anti-policía que operaban en las calles de la principal ciudad de Brasil.

La orden de cesar el fuego habría venido del preso Orlando Mota Junior, apodado de El Macarrón, a quien la publicación atribuyó la condición de ser uno de los principales interlocutores del gobierno para reimplantar la normalidad.

Folha Online -sitio en internet de Folha-, dijo que la banda, en conversaciones con representantes de la Secretaría de Administración Penitenciarias, "condicionó el fin de los ataques (a la policía) a beneficios en favor de los presos transferidos" al presidio de Presidente Venceslau, a 620 kilómetros de San Pablo. Según la versión, los beneficios incluirían televisores y autorización para que los presos reciban visitas íntimas de mujeres.

En un balance parcial de los ataques de bandas armadas iniciados en la noche del viernes y la posterior respuesta policial, la Secretaría de Seguridad de San Pablo dijo que también fueron detenidos 115 sospechosos.

Los delincuentes perpetraron 251 ataques, inicialmente con la policía como principal blanco y luego contra 80 autobuses, que fueron incendiados, 15 sedes bancarias, una estación de metro y un garage. Los atentados fueron atribuidos por las autoridades a una represalia del PCC por el traslado a una remota cárcel de máxima seguridad de centenas de presos, incluyendo su jefe, Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola.

La policía devolvió con fuerza el golpe y se registraron duros enfrentamientos desde el sábado, mientras la ciudad de 20 millones de habitantes era presa del miedo.

Los atentados, en los que delincuentes usaron ametralladoras y granadas, fueron acompañados por rebeliones con toma de cientos de rehenes en más de 70 cárceles del departamento de San Pablo, que terminaron en la noche del lunes.

Entre los muertos contabilizados hasta el martes figuraron 32 policías, 9 guardias penitenciarios, 4 ciudadanos y 71 "criminales", dijo la Secretaría de Seguridad. Hasta el lunes se había informado de 38 delincuentes muertos. Además hubo 36 agentes, un guardia penitenciario y 16 ciudadanos heridos.


Niegan excesos en la represión
El jefe de la Policía Civil del estado, Marco Antonio Desgualdo, negó con vehemencia que la ausencia de sospechosos heridos indicara un exceso de la represión. "Quienes fueron ejecutados fueron los policías", afirmó, indicando que las autoridades intentaban neutralizar la violencia con inteligencia, aunque no rehusarían el juego duro.

La ciudad ayer retomó casi la normalidad, con la vuelta a la actividad de los servicios de autobuses y reapertura de centros de estudio y comercios. Las calles desiertas y el cierre de centros comerciales, restaurantes y cines habían rememorado desde la noche del lunes una ciudad bajo toque de queda.

Contingentes de policías fuertemente armados, algunos con sus caras parcialmente cubiertas por pasamontañas se apostaron ayer en puntos neurálgicos de la ciudad, incluyendo terminales de transportes y rutas clave de autobuses.

En tanto, el jefe de la Policía Civil dijo que se estaban discutiendo medidas para evitar que los delincuentes presos se comuniquen desde las cárceles con teléfonos celulares, que pese a estar prohibidos son comunes en esos recintos.

"Vamos a acabar llevando a esos llamados líderes (de las bandas delictivas) a una situación difícil, terminaremos con su comunicación, vamos a desarrollar una acción sobre la utilización de los celulares en la cárcel", dijo el comisario Desgualdo. También sostuvo que el temido PCC "es una organización como otras a las que se puso fin".

En las calles, la policía estaba segura de su capacidad de respuesta a los ataques de la delincuencia. "Nosotros tenemos nuestras grabaciones, tenemos nuestros informantes, dijo un sargento un en cuartel de la Policía Civil, con su ametralladora colgando de un hombro.

"El gobernador Marcola decretó el toque de queda", agregó jocoso en referencia al jefe del PCC el sargento, que declinó identificarse. (Reuters)

Un policía requisa un auto, en un barrio sureño de San Pablo.