Editorial

La Justicia y un cambio necesario

La reforma judicial que acordaron los tres poderes del Estado santafesino debe ser vista como una elogiable reacción ante el desafío cada vez más complejo de abastecer la demanda social de celeridad, transparencia y eficiencia. Con el juicio oral como meta, la consigna debe ser posicionarse cada vez más cerca de las necesidades y problemas reales de la gente.

Cada vez que un ciudadano santafesino manifiesta su escepticismo en torno a la real capacidad institucional de su provincia para resolver conflictos e impartir justicia, está ubicado en el exacto lugar donde más le duele a la democracia. Es que ya definitivamente consolidada la República y enterrado en el cajón de los malos recuerdos el autoritarismo represor, ahora queda pendiente un desafío todavía más duro: demostrar que el sistema es eficaz y con él se puede, en efecto, vivir de mejor manera.

   El lanzamiento del Plan Estratégico para la Justicia santafesina, que se oficializó el pasado jueves en la capital provincial, se yergue como un sólido paso adelante en una materia donde la deuda pendiente es, mal que pese decirlo, onerosa. Lentitud, burocracia y obsolescencia —en los planos ideológico e instrumental—, así como una preocupante distancia en relación con los verdaderos problemas que padece la sociedad son graves males que permanecen enquistados en el tejido judicial santafesino. Pero la decisión política es categórica y posee el mérito de abarcar a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial: el inminente cambio procurará instaurar, de acuerdo con palabras del gobernador Jorge Obeid, una Justicia “moderna, eficaz y transparente”.

   La decisión tomada es sin dudas valiosa y merece todo el apoyo, tanto por parte de las dirigencias políticas y las fuerzas vivas como de la misma gente, esa que se identifica con los granos de arena capaces de construir, uno tras uno, la obra perdurable. El gran objetivo, desde el punto de vista jurídico, es recorrer el camino que desemboque en el juicio oral. Es que la provincia, acaso como rémora de la añeja tradición colonial española, es la única que conserva —tal cual lo aseguró su mandatario— “un proceso penal escrito e inquisitivo”.

   Bienvenidos sean, entonces, el planeado rediseño de competencias, fueros y jurisdicciones, así como las previstas modificaciones a los códigos Civil y Comercial, Penal, Laboral, Contencioso Administrativo, de Faltas y del Menor. Especialmente valorado debe ser, además, el proyecto de privilegiar medios alternativos de resolución de conflictos, como la mediación.

   Una litigiosidad en permanente auge y la creciente complejidad técnica que revisten muchos casos integran la lista de los dilemas a resolver por las que el propio titular de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, avizora como “medidas audaces y de fondo”.

   Ojalá tan buenas intenciones se conviertan con celeridad en hechos. Será por el bien de la democracia y del conjunto de la sociedad santafesina.