Una cooperativa de productores denuncia maniobra para subvaluar tierras

Una hidrovía podría inundar unas 70 mil hectáreas en Formosa

Alfredo Montenegro / La Capital

Un proyecto hidrovial del Ministerio de Planificación Federal de la Nación y del gobierno de Formosa "producirá un incalculable daño ambiental al humedal La Estrella -de 400 mil hectáreas-, formado con los desbordes del río Pilcomayo", denunció la Asociación de Productores del Bañado La Estrella (Aprobae).

La reconstrucción de la ruta 28, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), usará el terraplén de un camino público para "desviar las aguas y habilitar unas 20 mil hectáreas para la agricultura, donde varios inversores foráneos serán los nuevos agricultores formoseños", advirtieron los productores.

"Quedarán bajo agua aproximadamente unas 70 mil hectáreas. Son territorios de caza y recolección de varias comunidades de los indígenas de la etnia Pilagá y campos de pastoreos de hacienda vacuna de centenares de productores ganaderos criollos, compuestas por propiedades, adjudicaciones en venta y posesiones pacificas de más de un siglo", indicó la organización.

Víctor Hugo Ruiz, productor de Las Lomitas y miembro de Aprobae, dijo que "la provincia declaró de dominio público a todo el bañado, quedó restringido el derecho de propiedad y ahora son unas 600 familias las afectadas.Hay un objetivo político y económico, no técnico, en el proyecto. Se trata de sobrevaluar la tierra para que el criollo no pueda acceder a ella y así desalojarlos para entregar los terrenos a grupos inversores", remarcó.

El proyecto, de unos 30 millones de pesos, fue "ideado y ejecutado a la fuerza, negando participación a los lugareños", aseguran los ganaderos de La Estrella. "Se está consumando un daño a un patrimonio de la humanidad y la violación de derechos primordiales de los pobladores", dicen.

Además "ya hay juicios expropiatorios y ofrecen 60 pesos por hectárea, cuando en realidad están cotizadas en 650 pesos. Con esa compensación no se reemplaza el bien y no podremos acceder a otras propiedades", advirtió Ruiz.


Rechazo del gobierno
Por su parte, el ingeniero Manuel Rodríguez, administrador del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, califica como una falacia la denuncia de los que señalan que la política contemple el despojo de la tierra que ocupan los productores lugareños. "Además de continuar con el plan de colonización para la zona, el Estado no delegará de ninguna manera su potestad para distribuirla con equidad.

A los que dicen que les estamos vendiendo las tierras de los pobladores de la zona del bañado a extranjeros les pido que me den un nombre, que lo denuncien", remarcó el funcionario al diario digital Corrientes Noticias. Desde el gobierno se dice que los lugareños se oponen a la reconstrucción de la ruta. Pero, los afectados aseguran que la ruta nunca será transitable en épocas de crecientes que duran de tres a cuatro meses. Además, mientras desde ámbitos oficiales se asegura que se han resarcido los daños a los afectados, los pobladores aseguran que "expropiaron propiedades a 61 pesos la hectárea".

"Los trabajos ejecutados con fondos públicos beneficiarán a unos pocos inversores. Para ello se expulsa de sus tierras a quienes hicieron patria en este suelo nacional, sencillos pobladores que trabajan de sol a sol y los pilagá, que el siglo pasado sufrieron por parte del Estado un genocidio que sigue impune. Ahora van por sus territorios", remarcan.

Ruiz señaló que "la firma australiana Liag tiene desde 1996 unas 40 mil hectáreas, de las cuales 18 mil fueron desmontadas para cultivar soja y girasol. Los antiguos pobladores de esos terrenos fueron desalojados y las promesas de reubicación nunca se cumplieron".