Cañada Rosquín, de pie en defensa de una fábrica

Fuerzas vivas y vecinos junto a los obreros en su lucha por la continuidad de la principal fábrica de la localidad

Luis Emilio Blanco / La Capital

San Jorge.- "El conflicto está superado. El primer paso se dio a favor de los trabajadores y la cooperativa se hará cargo de la empresa", exclamó con emoción el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, José Abelli, ante unos doscientos representantes institucionales, vecinos y obreros rosquinenses que se congregaron frente al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de San Jorge, para manifestar el apoyo a la continuidad de la fábrica Sagyd.

Desde el comienzo del conflicto, los 83 obreros de la antigua jabonera -que fue declarada en quiebra el 2 de mayo último- bregan por la posibilidad de explotar la planta a través de la Cooperativa de Trabajo Jabonera Cañada Rosquín. La organización recientemente formada deberá presentar antes de fin de mes al juez Tristán Régulo Martínez una propuesta de factibilidad económica, para que evalúe la posibilidad de preservar la fuente laboral. Mientras tanto, se dictó el acta de desapoderamiento y se nombró como depositario judicial a los integrantes de la cooperativa.

El lunes último, obreros y fuerzas vivas de Cañada Rosquín participaron de la movilización que se desarrolló durante más de dos horas, mientras en el interior del juzgado, Martínez reunió informalmente a las partes interesadas para exponer criterios. Del encuentro participaron los delegados y representantes legales de los trabajadores, el presidente comunal Hugo Dallari, el párroco Sergio Capoccetti, el diputado provincial Antonio Riestra (ARI), el senador provincial Daniel Depetris (PJ) y el síndico Carlos Amut.

"La unidad puede hacer cambiar muchas cosas. Ayer el síndico quería liquidar la empresa y todo estaba perdido. Hoy accedió a que la cooperativa se haga responsable de los bienes en vistas a una salida favorable a los empleados", consideró el párroco quien añadió que "monseñor José María Arancedo, desde su lugar, acompaña y apoya a esta movilización popular".

Por su parte, el abogado especialista en quiebras y concursos Eduardo Martoccia, que participó del encuentro como asesor de los trabajadores, sostuvo que "se halló un canal de comunicación válido dentro del ámbito de la Justicia porque tanto el juez como la sindicatura demostraron tener una adecuada predisposición para la continuidad de la explotación de la empresa quebrada a través de la cooperativa".


Plazos legales
"En principio, los plazos legales otorgaban 20 días para acercar el proyecto de sustentabilidad económica de la compañía desde la declaración de quiebra. De todas maneras, dada la complejidad de la cuestión, creo que está la predisposición a flexibilizar ese plazo en atención al principio de interés colectivo", remarcó Martoccia.

"Ahora corresponde -prosiguió- que presentemos esa proyección económica que incluye la previsión de cómo se establecerán los plazos productivos así como los de renegociación de los pasivos del resto de los acreedores".

Esos términos estarán determinados por los niveles de rentabilidad de la cooperativa cuya formalidad se plasmará en los estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, de Agricultores Federados Argentinos, de la Central de Tabajadores Argentinos y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, entre otras instituciones.

Hasta el momento, tanto el síndico como las demás partes habrían manifestado la voluntad de no interferir en los procesos que lleven a la puesta en marcha de la empresa de parte de los trabajadores.

Hay dos caminos diferentes. Por un lado el de constitución de la cooperativa y la factibilidad de poner en marcha la fábrica. El otro es el reclamo del crédito laboral acumulado de los empleados, lo que los convierte en los principales acreedores sobre los bienes de la empresa.