Control fiscal: ha llegado el inspector

Los especialistas Enrique Lingua y Esteban Laspina explicaron cómo actuar frente a inspecciones de la Afip

El contador Enrique Lingua y el abogado tributarista Esteban Laspina explicaron cómo actuar ante una inspección fiscal durante una charla organizada por el sitio especializado en información tributaria MercadoFiscal.com. La conferencia realizada días atrás en la Bolsa de Comercio de Rosario contó con la participación de más de 70 asistentes deseosos por encontrar respuestas precisas para tan enigmática pregunta.

En el encuentro, que también contó con la participación de la contadora Naci Eterovich como moderadora, los especialistas aclararon que cuando el fisco llega a una empresa para realizar una inspección es porque existe "alguna duda" y como consecuencia de un proceso de investigación previo.

En ese sentido, sostuvieron que es importante considerar al inspector -sea representante del Estado nacional, provincial o municipal- como una autoridad que hay que respetar y a la cual hay que otorgarle en tiempo y forma la información que requiera, porque la resistencia lo habilita a pedir una orden de allanamiento a un juez y por esa vía el proceso puede ser más complicado.

"No hay que caer en la resistencia pasiva porque existen multas que van de los 150 pesos a los 40 mil pesos, los libros y la documentación tienen que estar disponibles; cuando el fisco se presenta en una empresa a través de un fiscalizador lo hace porque algo lo lleva a eso, es consecuencia de un proceso previo", indicó Lingua, quien consideró que "las personas tienen que saber que el inspector tiene facultades que no se le pueden negar, puede pedir la información por vía amigable a través de un requerimiento escrito y en caso de una resistencia tiene la posibilidad de pedir una orden allanamiento al juez y facultades para entrar con la fuerza pública". En definitiva, "si el Estado dice que quiere algo o se lo doy por las buenas o me lo sacan por las malas".

Los analistas precisaron que una inspección debe comenzar con un requerimiento, o con un requerimiento acompañado por un inicio de fiscalización. En ese sentido, destacaron que es frecuente el inicio de procesos por sospechas del fisco respecto a los deudores incobrable de una empresa.

Lingua señaló como dato importante que una empresa ante las autoridades declare el domicilio correcto porque "si llega una notificación al lugar incorrecto se pueden complicar las cosas por no contestar".

El contador especialista en temas tributarios también aconsejó trabajar ordenadamente. "Si tengo un balance y no tengo los archivos del balance estoy en peores condiciones que el que tiene toda la documentación, si lo tengo podemos hacer un balance en conjunto con la Afip sobre determinados impuestos. Caso contrario, el organismo determina lo que quiere", detalló y agregó que "siempre es mejor que las cosas funcionen por escrito".

Un punto que llamó la atención de los asistentes tuvo que ver con la interpretación de las normas. Es probable que el contribuyente adopte una versión y el fisco otra y por eso se produzca la inspección. Al respecto, Lingua advirtió que por lo general "el fisco tiene la sartén por el mango" y remarcó que "es difícil que una vez que se inició una fiscalización no se cuantifique y halla incidencia fiscal".

"Ahora están debilitados los regímenes de defensa del contribuyente, el Estado fija normas, avanzó mucho y las leyes le han dado más facultades, esto es como un Quini 6 pero al revés: al que le tocó perdió", destacó Lingua.

A su turno, Laspina subrayó que cuando una empresa está inmersa en un proceso de fiscalización los pasos a seguir "tienen que ser medidos y absolutamente precisos". En ese sentido remarcó que hay que dosificar la información cuando corresponde y cuando no.

"Toda la información que hay que entregar tiene que estar debidamente examinada porque cualquier dato que parezca irrelevante puede terminar siendo el punto de partida de una construcción por parte del fisco a través de una presunción simple, legal, que dispare una determinación de oficio y atrás de eso una denuncia penal con todo lo que eso implica", advirtió el especialista.

Como sugerencia, Laspina destacó que "en los momentos previos se tienen más chances y posibilidades para evitar caer en situaciones más complicadas". Es justo en la primera etapa cuando se puede "tratar de desactivar el problema y evitar que el fisco pueda hacer uso de este poder de coacción muy fuerte que se hace más evidente en el segundo y tercer tramo".

Además, el abogado tributarista señaló que "habitualmente el promedio de una fiscalización es de un año y medio pero puede llegar a cuatro años. No obstante, si la inspección es de una operación puntual pueden ser sólo algunos meses".

P.M.

Laspina y Lingua dieron recomendaciones frente a la requisitoria de los sabuesos.