La contaminación de la laguna Setúbal en la mira de la Justicia

El problema se origina por los desagües clandestinos en la costanera santafesina

Santa Fe.- Los altos niveles de contaminación de las aguas de la laguna Setúbal y del riacho Santa Fe, derivados de la existencia de desagües cloacales clandestinos, se encuentran en la mira de la Justicia ante la presentación del fiscal Héctor Millen en el Juzgado Correccional Nº 3 para que la Municipalidad capitalina informe sobre los niveles bacteriológicos y los controles sobre las conexiones no autorizadas.

Desde hace tiempo, a través de distintos estudios realizados, se habría establecido que los niveles bacteriológicos superan largamente los especificados en normas internacionales para uso recreativo de los cursos de agua, en este caso de la laguna Setúbal. Según se pudo saber, los índices de contaminación superan en la zona del balneario del Espigón II de la avenida Costanera lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En realidad, la contaminación en zonas de la laguna, particularmente en Guadalupe y la avenida Costanera, no es un hecho novedoso ya que desde hace años las autoridades municipales y los vecinos tienen conocimiento de esta situación creada en gran medida por la proliferación de desagües cuyos líquidos van a parar a ese curso de agua y al riacho Santa Fe.

Las denuncias públicas se han acumulado por años y hasta décadas, pero de ninguna manera las autoridades han llevado adelante trabajos para la comprobación de estos desagües clandestinos que en no pocos casos corresponden a propiedades de alto nivel inmobiliario y hasta organizaciones deportivas de la zona.

En 1997, el ingeniero Alfredo Trento, realizó un trabajo de investigación que se tradujo en una demanda por parte de concejales de la ciudad, en donde se constató que existen conexiones cloacales no autorizadas, lo que contamina las aguas.

Asimismo en 1998, el Concejo Municipal sancionó una resolución que obligaba al Ejecutivo -en esa época era intendente Horacio Rosatti- a constatar la existencia de desagües clandestinos que se encuentran directamente conectados a los pluviales que luego desembocan en la laguna Setúbal. En ese momento, los fundamentos estuvieron dados por los altos índices contaminentes y era sospechosa la presencia de materia fecal, entre otras cosas, pero el Ejecutivo se negó a tomar cartas en el asunto afirmando que no se trataba de un problema de la Municipalidad.

Posteriormente en 2001, el edil Dario Boscarol presentó un recurso de amparo y la Justicia ordenó, a través de un fallo del juez Claudio Bermúdez, que la Municipalidad debía hacerse cargo de solucionar este problema, la que a su vez impugnó la resolución judicial pero la Cámara de Apelaciones lo ratificó en 2003.

A pesar de esto el municipio no hizo nada, lo que motivó ahora la presentación del fiscal Millen ante el juzgado Correccional Nº 3, quien sostuvo que va a continuar con el caso hasta las últimas consecuencias "porque está en juego el medio ambiente y la salud de la población".

Si bien existen dudas sobre las consecuencias que pueden ocasionar estos niveles de contaminación sobre las personas, hay quienes sostienen de todas maneras que se debe pensar en los efectos que puede producir sobre los sectores más vulnerables de la sociedad -por sus bajas defensas- como lo son niños y ancianos.

Por su parte, médicos del Hospital Iturraspe aseguraron que "a medida que aumenta la concentración de agentes patógenos en el agua, se incrementa el riesgo de contraer enfermedades cutáneas (a través de bacterias, virus y parásitos) y gástricaa. Es decir que la gente que se baña en esos lugares tiene mayores posibilidades de sufrir algún tipo de infección.

En este marco, Millen en su requerimiento solicita al Juzgado Correccional a cargo del doctor Orlando Pascua que tenga en cuenta que "la Municipalidad de Santa Fe ha desobedecido una orden". Agrega que hay un fallo en primera instancia del juez Bermúdez, y el Municipio debía remitirse a concretar el control, cosa que no se ha hecho.

En cuanto a los trabajos que debería realizar el gobierno municipal para confirmar la presunción sobre la acción contaminante de los desagües clandestinos, insumiría un valor que superaría el millón de pesos ya que se debería levantar todo el pavimento.

Los índices de contaminación de la Setúbal en la zona de la costanera son altísimos.