La Justicia volvió a confirmar al edil Boasso en su banca

El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló lo acordado por el Concejo en diciembre de 2001

El concejal Jorge Boasso consiguió en menos de cuatro meses su segunda victoria judicial. Una nueva resolución de la cámara en lo contencioso administrativo anuló la decisión del Concejo Municipal en la que sus pares se habían negado a aceptarle el diploma en el 2001. Se trata de un fallo que va al fondo de la cuestión en torno a la supuesta incompatibilidad atribuida a Boasso por su doble función como ejecutor fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y edil rosarino, en lo que fue su tercer mandato consecutivo en el parlamento local. Cabe recordar que la remoción del presidente de Intransigencia Radical duró unas pocas semanas. Una medida cautelar ya le había ordenado al Palacio Vasallo reponer en su banca al concejal cuestionado. Ahora, con el fallo en la mano, Boasso invitó públicamente a quienes tomaron esta decisión administrativa a "pedir perdón a la soberanía popular, la Constitución Argentina y a la religión que cada uno profese".

El fallo de la sala II del fuero contencioso administrativo entiende que la decisión de apartar a Boasso de su banca "es susceptible de ser revisada por el Poder Judicial", al indicar que la Corte Suprema de la Nación afirma que les corresponde a los magistrados juzgar "la existencia y límites de las facultades privativas de otros poderes y la excedencia de sus atribuciones en las que puedan incurrir". Luego funda con argumentos su competencia -rechazando la extemporaneidad- para entender en la materia, en especial por lo previsto en la ley No 11.330 donde se establece que "todos los actos de los concejos en función administrativa son controlables en sede judicial".

En 2001, la comisión de Poderes del Concejo (que estudia los diplomas de los nuevos legisladores) decidió no aprobar el ingreso de Boasso al cuerpo. Cuatro de los cinco ediles que debían juzgar el comienzo de su tercer mandato consecutivo le dieron la espalda: socialistas, radicales celestes, cavalleristas y justicialistas le bajaron el pulgar al radical usandizaguista.

La comisión le otorgó dos horas de plazo para que Boasso argumentase alguna defensa a la resolución, pero el ahora concejal no volvió a aparecer por el recinto y se jugó la suerte por la vía judicial.

Entre las fojas del expediente se entiende que esta resolución resulta "ilegítima", entendiendo que el Palacio Vasallo se había "excedido en sus atribuciones".

Es más, la resolución cita al prestigioso abogado constitucionalista Gregorio Badeni, quien advirtió que el legislativo no está habilitado para negar el acceso de un candidato electo, un aspecto reservado "a la consideración de los electores". También se cita a Néstor Sagüés, quien señaló: "La apreciación de los méritos intrínsecos del candidato corresponde al cuerpo electoral". Y sobre lo resuelto con relación a Boasso, la cámara comprobó la "excedencia de atribuciones en que se ha incurrido".


Un plazo exiguo
Los magistrados también avanzan sobre "la palmaria violación al derecho de defensa del concejal electo", en relación al exiguo plazo de dos horas que la comisión de poderes le otorgó a Boasso para ensayar una defensa.

"Si un plazo de veinticuatro horas ha sido descalificado constitucionalmente por el más alto tribunal, es claro que el término de dos horas no posibilita una razonable defensa", dicen los camaristas, para agregar: "Se debieron respetar las etapas que corresponden a todo debido proceso: acusación, defensa, pruebas y resolución".

Por todo lo expuesto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº2 dejó definitivamente anulada la resolución del Concejo. "Tengo mi ser colmado por los conceptos de este fallo, a quienes me negaron el diploma les sugiero que pidan perdón a la soberanía popular, la Constitución y a sus dioses", sentenció ayer Boasso.