Reflexiones

Un presupuesto participativo reducido

Osvaldo Miatello (*)

Pese a que la administración socialista lo presenta como un ejemplo de política participativa y administración descentralizada, este año el Ejecutivo municipal ha castigado al Presupuesto Participativo al asignarle un porcentaje inferior al del año pasado en el proyecto de presupuesto que días atrás envió al Concejo: baja del 5,19% en 2005 al 4,29% en 2006, casi un punto porcentual menos del presupuesto de un año a otro o, si se prefiere, un 17% menor comparando ambas cifras entre sí. Esto es, además de un cercenamiento a la participación popular, una violación a las normativas legales vigentes que prohíben su reducción porcentual, según establece la ordenanza Nº7.869, de 2005.

La administración municipal tampoco cumple con otro artículo de esa ordenanza que la obliga a elaborar un índice de carencia, a los efectos de hacer más justa la distribución por distrito del Presupuesto Participativo. Este índice debía ser elaborado por el Departamento Ejecutivo y contener indicadores de salud, educación, vivienda, ingresos y género. Sin embargo, la actual administración no lo elaboró, por lo que el presupuesto 2006 no contempla en absoluto este mecanismo.

Una vez más nos encontramos a las puertas de una votación, en este caso del presupuesto en la que se nos retacea información (¿cómo podemos aprobar un Presupuesto Participativo sin tener datos oficiales sobre las necesidades de cada zona de la ciudad?) y se vuelve a quitar recursos a los rosarinos. Sucedió con el llamado "impuestazo" y hace apenas un par de semanas con el aumento del boleto del transporte.

Sin dudas, achicar las partidas asignadas al Presupuesto Participativo y no proporcionar la información necesaria para su discusión es reducir la participación ciudadana. La suma asignada al Presupuesto Participativo es en términos absolutos la misma de 2005, esto es $25.000.000, pero -como ya se señaló- se reduce del 5,19% en 2005 al 4,29% en 2006. Es más, si se excluyen las erogaciones totalmente rígidas -pago del personal y presupuestos del Concejo y Tribunal de Cuentas-, las proporciones son del 8,20% y 7,10% para 2005 y 2006, respectivamente.

No existe en el proyecto de presupuesto ningún tipo de explicación acerca de esta considerable reducción. Pero esta disminución, de por sí disvaliosa, es a la vez violatoria del ordenamiento jurídico existente en el municipio. En efecto, la ordenanza número 7.869, de junio de 2005, que reforma la 7.326, por la que se crea el Presupuesto Participativo, en su artículo primero, modificatorio del artículo quinto, expresa: "El Departamento Ejecutivo informará la asignación presupuestaria prevista para la elaboración del proyecto presupuestario en discusión, que deberá ser igual o mayor en valores porcentuales a lo establecido en el año inmediato anterior". Es decir, el porcentaje asignado al Presupuesto Participativo, en el marco del proyecto de presupuesto 2006, nunca debió ser inferior al 5,19% asignado en el año 2005, por lo que la iniciativa enviada no sólo implica un ataque al presupuesto participativo, sino también una clara violación a las normas vigentes.

Por otra parte, también el Ejecutivo municipal incumple con la ordenanza número 7.869, al no elaborar el ya mencionado índice de carencia, que permitiría tener un diagnóstico claro de la situación de cada zona de la ciudad, y así poder buscar la resolución de sus necesidades. Al no contemplarse este interesante mecanismo

-propuesto por la entonces concejala socialista Silvia Augsburger-, en el actual proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo son exactamente iguales las partidas asignadas a los distritos Noroeste, Oeste, Sudoeste y Sur; levemente inferior el del Distrito Centro (3.000 pesos, ó 0,07% menor), y 122.000 pesos menos el del Distrito Norte, sin aplicar ningún tipo de índice.

En conclusión: más allá de las declamaciones publicitarias, el proyecto de presupuesto enviado al Concejo por el Departamento Ejecutivo lesiona el instituto del Presupuesto Participativo al disminuir su porcentaje sobre el presupuesto total y, además, resulta violatorio de disposiciones legales vigentes. Y el costo lo vuelven a pagar todos los rosarinos.

(*)Vicepresidente primero

del Concejo Municipal