La justicia distributiva no puede esperar

Juan José Sisca (*)

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) ha venido bregando desde sus inicios por una más justa distribución de la riqueza, lo cual implica dotar al mercado interno de una mayor capacidad adquisitiva. Más del 90 por ciento de lo producido por las pymes se consume en el mercado nacional, lo que sugiere que en una situación como la que planteamos cambiaría rápidamente la situación real del sector.

No caben dudas que el sistema tributario es la herramienta más importante que tiene el Estado para operar la recaudación, transferencia y distribución de los recursos y la riqueza nacional. Por eso Apyme plantea una reforma tributaria ya, a los fines de avanzar en ese sentido.

Es reconocido que el sistema tributario de nuestro país es una clara expresión de una concepción regresiva que desde la historia viene mostrando que por esta vía también se ha favorecido la concentración económica, presionando enormemente sobre el consumo. Algunas cifras son elocuentes al respecto: en 2005 la recaudación del IVA sumó $36.853 millones y la de Ganancias $28.045 millones. Queda claro: el consumo pagó más impuestos que la renta. Otro dato que muestra la sustancia de este enfoque impositivo es que siguen exceptuadas de Ganancias las rentas que se obtengan en la Bolsa, los plazos fijos o los bonos.

Según un estudio citado por el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, "los asalariados reciben sólo el 25% de la riqueza generada en la Argentina, pero pagan impuestos que representan el 50% de la recaudación tributaria en todo el país". El Indec acaba de publicar que se estiró a 30 veces la distancia entre el 10% de la población con mayores ingresos y el 10% más pobre, lo que se explica, entre otras cosas, por la desinversión estatal del gasto social.

La justicia de los impuestos ha de calibrarse con relación a los fines para los que se recaba la tributación. Eticamente, el primer fin debe ser la obtención de los recursos imprescindibles para llevar a la práctica las exigencias de la sociedad democráticamente organizada. Ahora bien, la realidad muestra una notable desproporción entre las necesidades del bien común y los posibles recursos tributarios, principalmente por la aplicación de impuestos al consumo, que transforman al sistema en una herramienta fundamental para profundizar las desigualdades económicas sociales. Esto torna imperativo restablecer una escala de valores, debiendo atenderse ante todo las necesidades más urgentes de nuestros días.

Además, es importante remarcar que la tributación es parte de la identidad y la dignidad de un colectivo humano y un compromiso de todos con todos, por eso también debe ser ágil, dinámico y siempre actualizado. En función de esto, expongo algunas propuestas que creo deben ser parte del debate en los distintos sectores.

En primer lugar y como cuestión básica se debería elaborar una fórmula para la categorización de las pymes, de modo de lograr una diferenciación del sector. Algunas de las propuestas consisten en que ésta esté dada por el nivel de ganancias, descartando de plano la fórmula vigente, que la establece teniendo en cuenta el monto de facturación y la cantidad de empleados.

Las pymes deben ser reconocidas por el Estado como objeto de una política de liquidación durante la implementación del neoliberalismo rabioso de los 80-90, cuyas secuelas hoy se siguen sintiendo en el endeudamiento que pesa en su economía y traba su evolución. Al respecto debe haber exenciones y promociones que favorezcan políticas de desarrollo, con refinanciación posible de deudas por origen bancario, tributario y de servicios.

Cuando pensamos en cambiar el sistema tributario, nos referimos a modificar todo aquello que genere privilegios, por lo tanto los impuestos que graven patrimonios y rentas deben ser la base del sistema. Deben ser progresivos, para evitar que se trasladen a los precios, es decir para generar competitividad y para que el sistema impositivo sea más justo.

Por lo tanto, y en consecuencia, es preciso considerar las capacidades tributarias de los distintos sectores que intervienen en la producción y comercialización de productos y servicios. El impuesto a las rentas no debe tener exenciones de ningún tipo para aquellos contribuyentes cuyo objeto sea la obtención de ganancias. El impuesto a los patrimonios debe establecerse sobre tasaciones actualizadas, que permitan una aplicación justa del tributo. Debe disponerse la reducción progresiva de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado y la eliminación del mismo sobre los productos que constituyen la canasta familiar, como así también la disminución del impuesto a los combustibles y otros que afecten al consumo. Eliminación gradual del impuesto al cheque, comenzando por las micro, pequeñas y medianas empresas. Y las micro, pequeñas y medianas empresas deberían estar exentas del impuesto a las ganancias cuando éstas son reinvertidas para aumentar la capacidad productiva, generando así más puestos de trabajo.

Es necesario generar mecanismos para obtener representatividad en los ámbitos oficiales municipales, provinciales y nacionales donde se expresen los intereses de las pymes. Obviamente que para una política al respecto, en cada provincia se deberán agregar sus cuestiones específicas. Así, en Santa Fe se deberían reveer aspectos de los Ingresos Brutos, el Inmobiliario y el Drei.

(*)Secretario de Apyme

nacional, presidente de Apyme

delegación Rosario.