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miércoles,
29 de
marzo de
2006 |
Reflexiones
La universidad y el desarrollo humano
María Alejandra Pasque (*)
La educación tiene un papel constructivo y creativo del desarrollo humano y se pone al servicio de la solución de los problemas de la población manifestándose mediante valores de integración y cooperación de los protagonistas involucrados. Consecuentemente, la opción que tiene la universidad desde la posibilidad de aportar respuestas innovadores a la sociedad depende del análisis del concepto de desarrollo humano que se presenta hoy en día. Asumiendo un enfoque integrado por la ética y la historia, afrontando las problemáticas actuales y la revolución paradigmática, se impone un cambio en vista a la imposibilidad de seguir transitando el camino de verdades absolutas que se desmoronan sin apreciar que, en un mundo creciente, interdependiente e interactivo, la superación del pensamiento único y el método científico unilineal y compartimentado, desde donde el reduccionismo conceptual ha asociado el mejoramiento de la calidad de vida a políticas de ajuste aisladas que no atacan los problemas en su integridad.
Más allá de su operacionalidad, el concepto de desarrollo humano ha tenido lugar en un contexto cuyo fundamento se encuentra en la nueva valoración del conocimiento. Por ese motivo, debemos ver a la globalización, más que como una jerarquización de desigualdades, como una verdadera oportunidad para que tenga cabida la sociedad del conocimiento a través del desarrollo de las posibilidades competitivas con lo cual, la educación pasa a tener un protagonismo inmanente.
La idea de desarrollo humano sostenible implicará no solamente un incremento del PBI de un país, sino el nivel de logro en tres dimensiones fundamentales: salud, educación e ingresos. Se establece como un paradigma a modificar la idea de que no solamente con el crecimiento económico se garantiza el bienestar de la población. Sin duda alguna, éste guardará una relación directa con las posibilidades de acceso a los niveles mencionados, pero dependerá de una adecuada política de acción tendiente a la distribución proporcionada de los recursos económicos.
Estas políticas deberán estar estructuradas sobre la base de minuciosos estudios e investigaciones, para cuya implementación y desarrollo la universidad se encuentra en óptimas condiciones para ejecutarlo, ya que cuenta con la capacitación de sus docentes y los recursos humanos apropiados para tal efecto.
Ahora bien, lo antedicho responde al nivel de respuesta de las demandas sociales, pero en los niveles individuales, la universidad contribuye al desarrollo del sujeto por cuanto a través del aprendizaje significativo, el alumno logrará instalar las competencia del ejercicio de la profesión de abogado, erradicando el concepto napoleónico de acumulación de saberes especializados que se repiten incansablemente, partiendo del mundo finito de certezas que ofrece la ciencia clásica. Además, un conocimiento pertinente implica una óptima combinación entre los conocimientos abstractos y los conocimientos contextuados (con estrecha vinculación con las culturas locales), con las necesidades sociales y económicas del entorno en general.
Asistimos a diversas crisis institucionales, cuyos síntomas más evidentes son: la problemática del desempleo y el subempleo, el aumento del segmento de pobreza, la crisis familiar y su consecuencia en los comportamientos individuales de sus integrantes, el incremento de la tasa de morbilidad ante la falta de recursos sanitarios, la escalada de violencia que no reconoce protagonistas y el flagelo de la drogadependencia que socava la sociedad desde sus cimientos. Ante ello, la facultad, con el objeto de aportar nuevos enfoques y movilizar energía intelectual para que el profesional graduado se desenvuelva en la sociedad como un agente de cambio, se ha propuesto superar paradigmas obsoletos, para que sea una persona con sólidos principios morales y valores firmemente implantados y que colabore activamente en la búsqueda de soluciones a los conflictos individuales y sociales que existen en nuestro medio. Pero para que ello suceda ha de fortalecerse la idea que los planes de estudio deberán centrarse en el eje socio profesional.
La misión de la facultad y de la universidad, en última instancia, debe ser integradora: deberá tender a lograr la formación de buenas personas que sean buenos profesionales, capacitados y resueltos a intervenir desde el lugar en el cual actúan y la función que ejerzan para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Y la Facultad de Derecho debe ser formadora de agentes de cambio. Ahora bien, vivimos en un mundo "globalizado" y éticamente deteriorado, y en consecuencia como educadores tendremos la obligación de propiciar desde nuestra función la configuración de un tipo profesional diametralmente opuesto al controvertido letrado litigante, aquel que enarbolaba la espada en detrimento de la balanza de la Justicia. Así, lo ayudaremos a formarse para que desde su actividad favorezca al bien general comunitario. El abogado del tercer milenio no puede desconocer que "...cuando la arbitrariedad, la ilegalidad, osan levantar afrentosa e impúdicamente su cabeza, se puede reconocer en este signo que los que están llamados a defender la ley no cumplen con su deber..." (Rudolph Von Ihering, "La lucha por el derecho". Ed. Heliasta).
Pero nos cabe, como consecuencia, la responsabilidad de educar al estudiante y prepararlo para actuar no solamente ante la jurisdicción, sino también instruirlo en la administración de las nuevas tecnologías del derecho y capacitarlo para afrontar la composición de controversias con justicia y equidad (formación en los medios alternativos de resolución de conflictos). Instruirlo en aquellas estrategias superadoras que importan la solución justa, inmediata y legítima del conflicto, como fenómeno de la vida cotidiana. Entonces, el perfil del nuevo letrado será el del abogado evaluador y en lo posible, negociador, concientizado en la búsqueda de la composición pacífica de la controversia y como última ratio, la derivación al tribunal para que dirima la misma.
Pero para ello tendrá que familiarizarse con las herramientas de la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje. En consecuencia, si generamos en nuestros claustros una actitud que favorezca a la implementación de estas técnicas en las distintas disciplinas que integran la currícula de la carrera, estaremos propiciando una nueva forma de administrar justicia, donde la controversia pueda disolverse y posibilitar la permanencia del vínculo y la relación entre las partes, logrando un acuerdo legítimo y con alta probabilidad de cumplimiento.
Por último, si del abogado se espera una actitud de colaboración para contribuir al esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la solución justa, la misión de la universidad será la de revalorizar y ennoblecer nuevamente esta profesión infundiendo a nuestros discípulos el compromiso de ser verdaderos agentes de cambio, defensores naturales de los derechos y artífices de una sociedad más justa e integrada.
Rescatamos en este humilde aporte las palabras del doctor Francisco Estéban, vicerrector académico de la Universidad Abierta Interamericana: "...hacer de la Facultad de Derecho una unidad de investigación, acción social, educación y formación profesional profundamente inserta en la problemática contemporánea, abocada a la búsqueda de soluciones sustentables, dispuesta a luchar por el logro de un orden activo, creador, ético y equitativo...".
(*)Directora de la carrera abogacía, sede regional Rosario, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Abierta Interamericana
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