Cuestionan la metodología elegida para cobrar las deudas

Dos organizaciones no gubernamentales que conforman la Asamblea por el Derecho al Agua cuestionaron la metodología que Aguas Provinciales de Santa Fe diseñó para cobrar sus deudas. Desde la Asamblea por los Derechos Sociales, Aníbal Faccendini indicó que el gobierno provincial "debería abrir un período de revisión de deudas y avanzar sobre la posibilidad de una quita de un 70 por ciento, dado que la ex concesionaria aplicó durante años una tasa de interés altísima". Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, Alberto Muñoz también reclamó una gran moratoria y denunció que antes del traspaso a Aguas de Santa Fe Sociedad Anónima, Aguas Provinciales "vendió y transfirió a otras compañías vehículos de gran importancia para prestar el servicio".

La ADS mostró su convencimiento de abrir un período de revisión de deudas y avanzar sobre la posibilidad de una quita que orille el 70 por ciento. Pero la preocupación también apunta a aquellos clientes "cumplidores" que pagaron desde el 1º de mayo de 1999 el 13,85 por ciento para obras que "encima nunca se realizaron", recordó Faccendini. "Exigimos una revisión para los que tienen que pagar ahora, pero también una contemplación a aquellos que pagaron oportunamente, porque los casi 40 millones de pesos por costo de infraestructura se cobraron pero no sabemos dónde fueron a parar", apuntó el abogado.

En esta línea, la ADS quiere que el Estado provincial haga un "minucioso monitoreo" en la liquidación de las deudas que tiene la ex concesionaria, al tiempo que se requirió "una prohibición para que Aguas Provinciales venda la cartera de morosos a estudios jurídicos o tercerice el cobro de las deudas".


"Fiel a su conducta"
Por su parte, Muñoz consideró que en los últimos meses Aguas Provinciales fue "fiel a su conducta de estos 10 años de concesión, porque antes de entregar el servicio vendió y transfirió una cantidad importante de vehículos propios, entre ellos un camión desobstructor y otro para la detección de fugas que tenemos entendido fueron a parar a empresas vinculadas a la ex concesionaria".

Es más. Muñoz denunció que al 8 de febrero los operarios no tenían caños para hacer una reparación, faltaban insumos "y hasta vendieron las computadoras". La organización hizo un pedido al Enress para que se conociera el inventario, pero no prosperó.