Editorial:

Celulares: sanción ejemplificadora

Uno de los temas que más preocupan al conjunto de la ciudadanía, más allá de los asuntos tantas veces lejanos para el hombre común de la política y la economía, es la indefensión de los consumidores ante el abuso de las empresas prestatarias de servicios. Basta echar una mirada cotidianamente a la sección Cartas de Lectores de este diario para descubrir la denuncia reiterada del desamparo y la posterior impunidad con que este comportamiento es recompensado. Sin embargo, ciertas cosas parecen estar cambiando en el país -aunque muchos sean escépticos al respecto- y la decisión adoptada por la Dirección de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe de castigar severamente a una empresa que dejó a un cliente sin servicio merece ser elogiada sin retaceos.

El caso refleja una actitud que lamentablemente puede considerarse típica en ciertos rubros donde las compañías muchas veces no reparan en medios con tal de expandirse. Un hombre que se mudó de Buenos Aires a Rosario a principios de 2005 había adquirido días antes del traslado un teléfono celular que de acuerdo con lo que le habían indicado iba a poder seguir usando en esta ciudad, sólo cambiando el número. Pero no fue así: el trámite comenzó a dilatarse y tras varios reclamos la respuesta que se le brindó al usuario fue "para Rosario no existen líneas disponibles". Justamente indignado, el cliente efectuó la correspondiente denuncia en la delegación local de la Dirección de Comercio Interior de la provincia y luego de varias audiencias de conciliación fracasada el organismo finalmente condenó a la empresa a abonar veinte mil pesos de multa por haber infringido la ley de defensa del consumidor.

No caben dudas de que más allá de los aspectos puntuales del asunto, como que las compañías de celulares lideran con comodidad las denuncias que se realizan en Rosario, en este caso el organismo oficial cumplió con su papel de la manera que corresponde. Esa es, justamente, la función que el Estado debe cumplir en el contexto de una sociedad madura: arbitrar, moderar, reglamentar, poner límites, proteger siempre al más débil.

Como positiva consecuencia de la intervención de los entes específicos es que las firmas que se dedican al rubro telefonía celular tendrán que abrir oficinas de atención al usuario, lo cual debe ser visto como un progreso esencial si se piensa que de lo contrario los clientes debían plantear sus reclamos o quejas por intermedio de líneas gratuitas, hecho que sólo aportaba confusión.

De lo que se trata, en última instancia, es de defender a la gente. Sólo así será posible que el sistema se haga acreedor otra vez de la confianza perdida.