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sábado,
17 de
diciembre de
2005 |
Instan a las cámaras inmobiliarias a
fijar montos de alquileres razonables
Diputados provinciales pidieron la intervención del Ejecutivo y consideraron los precios como desmedidos
La Cámara de Diputados aprobó en su primera reunión de extraordinarias una declaración en la cual expresa su profunda preocupación a raíz del incremento "permanente y desmedido" del valor de los alquileres, sean estos de inmuebles destinados a la vivienda familiar o locales comerciales. Así, exhortó a las partes a encontrar "mecanismos de razonabilidad y equidad en la determinación de los mismos".
En la misma declaración, que sumó sendos proyectos del arista Aldo Strada y del justicialista Jorge Cura, se instó al Poder Ejecutivo Nacional y a las cámaras inmobiliarias y propietarios a plasmar, dentro de los acuerdos generales de precios, montos de alquileres "razonables", teniendo en cuenta que estos afectan directamente a los sectores asalariados y de menores recursos de la sociedad.
En los fundamentos del proyecto, el diputado Strada dice que en los últimos diez años, los inquilinos -tanto de viviendas como de locales- al momento de formalizar o revisar los contratos de alquiler, deben afrontar diversos inconvenientes ocasionados, entre otros aspectos, por el aumento de los cánones manipulados por intereses económicos ajenos al carácter social que tienen las viviendas familiares, como los medios de producción. "Por lo tanto, alquilar hoy en la provincia es cada vez más caro y complicado", reflexionó el legislador.
Actualmente se ha vuelto una costumbre que sea el inquilino el que debe pagar la mayoría de los impuestos, cuando sólo le corresponde hacerse cargo de abonar los servicios de la vivienda o local.
Los legisladores plantean que se torna "imprescindible" la intervención del Ejecutivo provincial en la búsqueda de una solución que beneficie a los inquilinos, sin perjudicar a los propietarios y gestionando mecanismos que eviten el "aumento indiscriminado" de los alquileres y su adecuación a los salarios de los inquilinos.
La idea es que de es evitar que estos incrementos sigan incidiendo en el aumento de la canasta familiar, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los sueldos está por debajo de la línea de pobreza.
Por su parte, el diputado Cura consideró necesario que "la Defensoría del Pueblo arbitre los mecanismos que atiendan a proteger a los inquilinos de los frecuentes abusos a los que se ven sometidos, en la contratación de alquileres, por las denominadas leyes del mercado.
El legislador señaló además que el "Estado no puede permanecer ajeno a estas circunstancias, y es por esto que la Defensoría del Pueblo es el organismo conciliador que debe actuar como mediador entre las partes".
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