Editorial

Corrupción, drama que no amaina

El último informe de la organización Transparencia Internacional reveló que la Argentina sigue siendo percibida como un país donde existen enormes distancias entre discurso y práctica, y en el que la tendencia a desobedecer normas no sólo involucra a la dirigencia sino a toda la ciudadanía. ¿Se puede erradicar un rasgo cultural tan profundamente enquistado?

Mal uso del poder político para beneficio propio. De esa manera define la organización Transparencia Internacional (TI), cuya representante en la Argentina es Poder Ciudadano (PC), a la corrupción, ese flagelo del que este país suele brindar —tristemente— ejemplos tan conocidos como numerosos. El último informe anual de TI en torno de la incidencia global del fenómeno volvió a dejar un sabor amargo en la boca de los argentinos, que vieron cómo la calificación otorgada a la Nación fue un magro 2,8 sobre un total de 10, lo cual la deja en el puesto 97 entre 159 Estados que fueron evaluados.

   Si bien el resultado conseguido implica una leve mejoría en relación con el pasado inmediato —en 2004 el puntaje fue de 2,5—, las 7,3 unidades de Chile —el mejor de los latinoamericanos— entregan una pauta clara de cuál es la meta que se debe conseguir. Claro que para ello suceda deberán modificarse muchas cosas y no sólo a nivel dirigencial, sino en la gente.

   En relación con los eternamente cuestionados políticos, el análisis de TI señaló fundamentalmente “la fuerte distancia entre las palabras y los hechos, sobre todo en los discursos de la campaña electoral”. Pero las críticas no se detienen allí e incluyen no sólo a representantes sino a representados: como uno de los elementos más cuestionables en el tejido social se observa “la falta de apego a las normas, tanto de los funcionarios como de la ciudadanía”. Una certera descripción de un fenómeno verificable de manera sencilla en aspectos como el tránsito: la tendencia a desobedecer reglas es una constante. Son demasiados, lamentablemente, aquellos ciudadanos que “hacen la suya”.

   También y como contrapartida se mencionan ciertos cambios positivos, tales como las reformas efectuadas a los procesos de designación de jueces de la Corte Suprema y el decreto de acceso a la información pública.

   Pero los pequeños progresos obtenidos distan de ser suficientes: el camino a recorrer para salir del pozo es bien largo. La absoluta pérdida de credibilidad de las instituciones es una herida que tardará en cerrar, al igual que no podrá ser remediada en el corto plazo la enorme fragmentación social provocada no sólo a partir del estallido de la crisis, en diciembre de 2001, sino por una década de implementación de un modelo que creó grandes distancias de oportunidad entre un sector y otro, disparando a niveles impensados la desunión de los argentinos.

   La corrupción no sólo es un mal estructural: también es un preocupante rasgo cultural, y debe ser combatida desde la base.