Piden dos excarcelaciones en causa por fraude

Lo hicieron los defensores de dos abogados presos por maniobras en concursos preventivos de acreedores

Dos abogados que están presos como integrantes de una presunta asociación ilícita que cometía fraudes en concursos preventivos solicitaron su excarcelación tras permanecer 17 días detenidos. En la causa por las estafas con juicios civiles se encuentran imputadas 13 personas, ocho de las cuales son integrantes del foro local. Mientras tanto la investigación de las estafas continúa fuera de los límites de la provincia: la jueza de Instrucción Raquel Cosgaya volvió de un viaje a Río Grande (Tierra del Fuego), adonde fue a verificar si una empresa que se presentó como acreedora en un concurso existía o se trataba de una firma fantasma.

Al retorno del viaje al sur del país, la jueza Cosgaya debe resolver si les otorga o no la liberad a dos abogados que están presos como unos de los principales responsables de las maniobras con créditos ficticios. Se trata de los letrados Paulo Di Sciascio y Jorge Fernández Méndez, quienes se encuentran detenidos en la Jefatura de policía local desde el 28 de septiembre pasado. Junto a ellos están detenidas otras tres personas: el operador de granos Marcelo Romero Acuña y los abogados Carlos Hernán López y Luciana Masagli (con arresto domiciliario). Ayer los representantes legales de Di Sciascio y de Romero Acuña presentaron un escrito pidiendo la excarcelación de sus clientes en el juzgado que lleva la causa, Instrucción 6ª. Los defensores Jorge Bedouret y Paul Krupnik reclamaron la libertad de sus colegas presos. Destacaron que sobre los acusados rige la presunción de inocencia y que la libertad durante el proceso es un derecho de carácter constitucional, que no debería cercenarse sólo ante la expectativa de cumplir una pena en el futuro.

Para los abogados, la prisión preventiva sólo se justifica cuando se corre peligro de que el imputado intente escabullirse o entorpecer la investigación. En este sentido, ofrecieron como garantía que sus clientes se presenten una vez por semana ante la jueza y entreguen sus documentos. En caso de que no se les conceda directamente la excarcelación, solicitaron una sustitución de prisión preventiva.

El pedido quedó a consideración de Cosgaya. Según fuentes judiciales, la jueza viajó a Río Grande para constatar si existía una de las empresas que se presentaron como supuestas acreedoras en concursos preventivos. La investigación penal detectó que en muchos casos se trataba de empresas fantasma, inventadas con el acuerdo de los propios concursados para recuperar algo de dinero a la salida del proceso judicial. El procedimiento en el sur del país "arrojó algunos resultados positivos", según la fuente consultada.