Tras el horror. Lo que pasó y lo que se sabe de la peor tragedia carcelaria

Una cacería selectiva aún en penumbras

Tras la masacre hubo traslados de presos y a 14 de ellos los procesaron por los homicidios. Ningún sector de la guardia, pese a denuncias que incluso hizo un celador tomado de rehén, mereció hasta ahora reproche judicial

La peor tragedia carcelaria de la provincia se registró entre la noche del lunes 11 y la madrugada del martes 12 de abril en Coronda. Catorce reclusos rosarinos murieron y otros cuatro sufrieron heridas diversas. La matanza no fue el resultado de una pelea sino de la acción de un grupo que se fijó blancos y asesinó a internos definidos de antemano.

Inicialmente se atribuyó el drama a un conflicto entre rosarinos y santafesinos. La matanza sería, según la hipótesis, una represalia demencial por la muerte de Eduardo Verón, un interno santafesino acuchillado un día antes de la masacre. No obstante existir esa rivalidad regional, el argumento pareció parcial. Más al saberse que Verón era delegado del pabellón 12, con mayoría de rosarinos.

Los asesinados en el pabellón 11 fueron Fabián Benítez, Sergio Pablo Frías, José García Itatí, Juan Manuel Ortigoza, Jorge Raúl Yanuzzi, Ramón Andrés Valenzuela, Ariel Barreto, Enrique Gómez, Diego Aguirre y Amelio Mercado. Estos dos últimos fueron quemados. En el pabellón 1 fueron masacrados los hermanos Ramón Alberto y Sergio Damián Duarte, Cristian Heredia y Juan Ramón Díaz. Los fallecidos tenían entre 21 y 33 años.

La primera versión oficial de los sucesos daba cuenta de que presos del pabellón 7 habían limado barrotes y tomado como rehenes a dos guardiacárceles, con los que se abrieron paso entre los pabellones aledaños. Para hacerlo averiguaron con un listado en qué celda estaba cada preso y las fueron abriendo. Escogieron a diez del pabellón 11 y a cuatro del 1.

La movilidad que tuvo el grupo agresor llamó la atención. No se explicaba cómo los guardias capturados no pudieron advertir desde el jaulón de ingreso al pabellón donde estaban que los presos, detectables a simple vista, limaban los barrotes para dominarlos. Ni cómo había sido posible que los presos pasaran varios puestos de guardia para avanzar hacia los pabellones de la matanza. Surgió la idea, entonces, de que esa mención era una coartada y que la matanza había tenido luz verde de un sector de la guardia. ¿Qué motivación podría existir para ello? Se sugirió que provocar una convulsión interna podría ser funcional a restablecer el poder, ahora declinante, de antiguos oficiales partidarios de la mano dura, que habían perdido gravitación con la política de diálogo que prevalece desde el inicio de la gestión de Fernando Rosúa en el Servicio Penitenciario (SP).

Las sospechas sobre la custodia recalentaron la ya enorme tensión existente. La renuncia del entonces director, Oscar Mansilla, insinuó una rebelión de los guardias. Veintidós de ellos no se presentaron a trabajar ocho días después de la masacre. Muchos decían no tolerar la acusación de que habían liberado la zona para que circularan los agresores y que temían las amenazas de venganza que les lanzaban presos rosarinos por la cacería de sus conciudadanos.

A diez días de la matanza el gobierno nacional anunció el envío de una comisión evaluadora a Coronda y el gobierno provincial, para no perder iniciativa, designó a un interventor civil en Coronda. Enseguida comenzaron los traslados de internos a otras prisiones. Quince de ellos, considerados parte del grupo agresor, fueron derivados a las cárceles de Resistencia y Rawson.

Al mes de la tragedia el guardia Oscar Yosviak, uno de los dos tomados como rehenes, produjo una novedad impactante al destacar que algunos colegas pudieron facilitar la matanza. En principio señaló a su compañero cautivo, Eduardo Marchesín, por extraños comportamientos durante el tiempo que estuvieron dominados. Dijo que Marchesín se refirió con familiaridad a un preso al que identificó como "el Chino Maza" pese a que este recluso tenía su rostro cubierto. Además, el guardiacárcel acusó al SP de haber enviado al juez Jorge Patrizi, encargado de la investigación, un plano de la cárcel con un portón "ficticio". Y explicó que robusteció sus sospechas de que los presos no pudieron actuar sin colaboración del SP cuando estaba internado y lo visitó un alcaide, quien en privado le pidió que falseara algunos detalles de su declaración.

"Me hicieron abrir las puertas de las celdas. Entraban y se escuchaban los gritos de desesperación, fue una carnicería", dijo Yosviak, cuando relató su experiencia, por la que recibió asistencia psicológica.

El 2 de junio se estrenó un cuerpo de requisas integrado por 22 empleados. El 17 de ese mes dos oficiales de la plana mayor del SP, Carlos Evaristo González y Rubén Mataloni, fueron relevados de la institución. Se los señalaba como representantes del ala contraria a la política de diálogo. El 22 de junio el juez Patrizi procesó a 14 internos por privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado de 14 presos. Todavía no se expidió sobre la responsabilidad de guardias en tales sucesos.