Reflexiones

Una alianza indispensable

Marcela Isaías / La Capital

Hace pocos meses la carta de lectores de una profesora advertía, con suma preocupación, que había convocado a los padres de sus alumnos a una reunión, pero que nadie había asistido para saber sobre los logros y dificultades de sus hijos. Hacer pública esta inquietud era, a su juicio, poner en debate el interés y participación de los padres en la vida de la escuela.

Al reclamo público de la profesora -y compartido en más de un caso por otros maestros- se suma el de los cooperadores que, de manera estrecha, con tiempo y esfuerzos propios, trabajan para mejorar la escuela y alcanzar los espacios y demandas que no cubre el propio Estado, y que no siempre logran reunir la participación deseada.

Lo cierto es que a estas situaciones, debatidas con frecuencia, el conflicto docente planteó un nuevo escenario para los padres que ven con preocupación la pérdida de los días de clase.

Y si bien es verdad que no faltaron quienes reclamaron que se abran las escuelas a cualquier precio, porque ya no sabían "qué hacer con los chicos", no fue menos significativo que muchos otros empezaran a cuestionar, además de la falta de clases, qué tipo de educación reciben sus hijos y en qué condiciones.

Así, en los días en que la huelga de los maestros se hizo sentir con fuerza, en algunas escuelas se desarrollaron asambleas de padres que en algunos casos se constituyeron "en permanentes" y se autodenominaron "de padres autoconvocados". Más allá de que se trató de una reacción ante las escuelas cerradas, se escuchó todo tipo de pedidos: desde el justo reclamo para que se garantice el derecho a educarse, hasta el planteo insólito de querer ser parte de una mesa de negociación que sólo les atañe al gremio de los maestros y al gobierno provincial.

En el medio de tanta confusión, el fallo favorable de la Justicia ante el pedido de una madre sienta un precedente inédito en este tipo de conflictos. Ya que el reclamo de esta mamá, lejos de ponerse en contra de los justificados pedidos de los maestros, instó al Estado a que asegure la educación que la misma Constitución nacional garantiza.

Pero, como suele ocurrir en este país, si bien la Justicia le dio la razón a esta mamá de tres chicos que se educan en la escuela pública, lo cierto es que nadie sabía decir con certeza cómo esto se llevaría a la práctica. Y de hecho nada pasó cuando la medida debía hacerse efectiva el martes 27 de septiembre pasado.

En ese momento no faltaron los que se animaban a plantear, con ironía, "si sería el propio Obeid el que le tendría que enseñar matemática o lengua a estos chicos".

Lo interesante de esta decisión de la Justicia es que, tal como explicaba Marisa Malvestitti -la madre que impulsó este recurso-, "deja abierta la puerta para que más padres se sumen a similar reclamo, porque esto no debe bastar sólo para mis hijos, sino para todos los chicos".

Es más, se sabe que junto a esta necesidad de acercar soluciones apareció la decisión de un buen número de padres que se volcaron a reclamar un mediador externo a la realidad provincial, y solicitaron

-acompañando el pedido con un buen número de firmas- que de "buenos oficios" medie el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.

Un caso similar de padres que recurren a los organismos que acompañan las acciones de la sociedad civil se conoció hace pocas semanas. Se trata de la queja presentada por una mamá ante la Defensoría del Pueblo de Santa Fe por la cantidad de horas libres que tiene su hija, una alumna del primer año del polimodal.

La queja de esta mamá se vuelve interesante de analizar cuando la discusión suele limitarse a los días de clase que tienen los chicos en un año escolar. Porque la madre de la alumna iba por más: por días reales y efectivos de clase.

Vale recordar que, en no pocas oportunidades, muchos maestros de las escuelas de EGB o ex primarias han hecho saber que las horas de materias especiales (llámense de educación física, dibujo, música, etc.) no alcanzan por igual a todos los chicos. Es decir, advierten sobre la falta de cargos genuinos y las diferencias de una educación pública que debería alcanzar a todos los chicos por igual.

Y si se hace un poco más de memoria también entra en esta historia -de hacer a la escuela algo real y no ficcional- el caso de aquellos maestros sancionados por negarse a calificar una disciplina que no se dictaba. Un hecho ocurrido en los principios de la aplicación de la ley federal de educación en la provincia.

El conflicto docente, que aún no muestra una salida definitiva, pone de relieve la necesidad de encarar un debate profundo y sincero sobre lo que realmente promete y cumple la escuela. Y en tal discusión, padres y maestros deben estar necesariamente del mismo lado.