Nuevo reclamo a la Justicia por la venta de drogas

En Funes y Chabás piden un mayor accionar sobre las denuncias vertidas en el Buzón por la Vida

Gustavo Orellano / La Capital

Chabás.- Gracias a la habilitación en Funes y posteriormente en Chabás del denominado Buzón por la Vida, varios vecinos denunciaron en forma anónima hechos relacionados con la comercialización de drogas en ambas localidades. El sistema posibilitó que la gente se involucre en la lucha contra este flagelo. Pero ese compromiso social no parece recibir el trato que espera de la Justicia para que sancione a quienes son acusados de vender estupefacientes.

Preocupados por la situación, el presidente comunal chabasense, Osvaldo Salomón, y el impulsor del Buzón por la Vida en Funes, Héctor Franza, presentaron un escrito ante el Juzgado Federal Nº 4, a cargo de Carlos Vera Barros, para reclamar mayor celeridad en la investigación al fin de penalizar a quienes forman parte del negocio de la droga y "contaminan a nuestros jóvenes", planteo que también formularon ante la jueza Laura Inés Cosidoy.

Asimismo, pidieron a las autoridades judiciales que inicien acciones tendientes a crear un centro regional de recuperación de adictos con fondos que dispone el artículo 43 de la ley 23.737, que penaliza la comercialización de drogas. Los jueces conversaron el tema con Salomón y Franza y coincidieron en la necesidad de "incrementar la lucha contra el narcotráfico, especialmente en el sector de los vendedores denominados minoristas".

"A pesar de las denuncias registradas en las aperturas de los buzones no pudimos apreciar ninguna detención. Por el contrario, de los comentarios en las dos poblaciones, se infiere, por un lado, la frustración en los ánimos de los vecinos con respecto al accionar y, por el otro, la continuidad y crecimiento de la venta de drogas", sostuvieron Salomón y Franza en su presentación judicial.

Asimismo, manifestaron su preocupación al sostener que "las autoridades competentes, tanto federales como provinciales, permiten la continuidad de la actividad para tratar de descubrir a los proveedores de drogas".

Y en esa misma línea, calificaron a tal estrategia como de "peligrosa para la salud de nuestra juventud ya que hasta que descubran a los que venden, que llegan a ser años o nunca, muchos son los chicos que se inician en tan desagradable práctica".


Cambio de modalidad
Bajo este criterio, solicitaron a la Justicia un cambio de modalidad para que "cuando detectan a quienes comercializan drogas se los separe inmediatamente de la sociedad, de acuerdo a lo reglamentado en el artículo 5º de la ley respectiva con las penas estipuladas y sin perjuicio de que las investigaciones continúen".

Además requirieron a las autoridades judiciales la posibilidad de convocar a organizaciones no gubernamentales (ONGs) y entidades que luchan contra el flagelo de la droga "para fiscalizar con peritos especializados la destrucción de la misma cuando es incautada, como lo establece el artículo 30 de la norma reglamentaria en sus párrafos 1, 3 y 4".

Por último, pretenden conocer por medio de las instituciones competentes qué cantidad de dinero le correspondió a la provincia en los últimos diez años de los recursos fijados en el articulo 3 de la ley 23.737.

La idea es lograr que esos fondos se apliquen a la creación de un centro regional de rehabilitación para adictos, ya que "cada día son más los chicos que consumen, y los lugares que están en funcionamiento para su atención tienen un alto costo", dijeron.