Cuentas santafesinas. La protesta del gremio docente impulsó el debate sobre la reforma del sistema previsional en la provincia

Jubilaciones: la Caja de las inequidades

Las diferencias en las prestaciones, el déficit y la política salarial ponen en la picota al esquema jubilatorio

Sandra Cicaré / La Capital

Los números fiscales muestran signos de crecimiento en la provincia pero, a diferencia de lo que ocurre en épocas de vacas flacas, cuando rápidamente se retraen haberes compulsivamente para sortear la crisis (como ocurrió en la última ley de emergencia), el traslado de los efectos de la expansión económica a los trabajadores de la administración pública se hace en forma mucho más lenta.

Al menos eso es lo que ocurre por estas horas, cuando el reclamo de los docentes y otros gremios del sector público impulsó la apertura de un debate en torno a una reforma de la ley de jubilaciones provincial. Un tema espinoso no sólo por la complejidad del cambio de sistema sino porque está condicionado por la historia de déficit que carga la Caja de Jubilaciones. Un rojo que, según expresó el propio titular del organismo intervenido, Humberto Giobergia, superará este año los 90 millones de pesos que tuvo en 2004.

El planteo de los trabajadores, puntualmente de los gremios que nuclean a docentes y empleados de la administración pública, es acercar lo más posible el haber de los pasivos a los sueldos de los activos y así evitar que un ejército de personas en edad de jubilarse se mantenga en actividad (con los perjuicios que esto acarrea para su salud) porque con su jubilación no puede llegar a vivir dignamente.

Pero al mismo tiempo, intentan poner blanco sobre negro en el sistema previsional de la provincia, que en la última década estuvo seriamente cuestionado por la fuerte disparidad en los montos de las jubilaciones que reciben los distintos sectores que trabajan en el Estado. Por caso, en la Caja de Santa Fe hoy hay pasivos que cobran 13 mil pesos mensuales, como ocurre con las jubilaciones más altas del Poder Judicial, mientras que otros apenas arañan los 300 pesos.

Para el gobierno, el centro de la preocupación en el costo fiscal de una modificación al esquema jubilatorio de la provincia. Giobergia alertó que las modificaciones propuestas por los gremios llevarán el déficit del organismo a 140 millones de pesos anuales, un monto que excede los 120 millones de déficit que el gobierno nacional se comprometió a financiar a las administraciones que no transfirieron sus cajas a la Nación. Y estimó que un cambio en el sistema previsional significaría para la provincia una erogación de 260 millones de pesos, por la menor cantidad de aportes en función de la reducción de la edad jubilatoria y la modificación en las exigencias de años de servicio.

El sistema jubilatorio se rige actualmente en Santa Fe por la ley 11.373, que modificó a la 6.915, por efecto de la emergencia económica. Ese cambio derogó el 82% móvil para la determinación de los haberes y lo redujo a 60%. Al mismo tiempo, elevó en cinco años la edad mínima para jubilarse: 65 para los hombres y 60 para las mujeres. Además, exige un mínimo de 30 años de servicios computables para acceder al haber. Por encima de las diferencias políticas, los dos gremios más numerosos en cantidad de afiliados, como la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) que agremia a los docentes, y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), reclaman una reforma previsional en la provincia que, como primera medida, restituya el 82% a la hora de la determinación de los haberes y reduzca la edad jubilatoria.

Para el gremio docente es condición sine qua non lograr el 82% a la hora de determinar haberes y al mismo tiempo reincorporar el artículo 15 de la ley de jubilaciones que la emergencia derogó, a través del cual se exigían 25 años de servicio y 55 años de edad máxima para las mujeres y 60 para los hombres.

Para UPCN, la restitución del porcentaje es clave, aunque consideran que la reducción de la edad se puede lograr mediante el cómputo privilegiado del que gozan algunos sectores por desempeñar actividades especiales.

Estos dos aspectos constituyen los puntos centrales, o los que no se negocian, en el reclamo gremial, y los que provocaron que Amsafé encarara una medida de fuerza por entender que no hay respuestas claras del gobierno al respecto. El secretario general del gremio docente, José María Tessa, señaló la semana pasada que "la propuesta oficial -al respecto- fue pobre y genérica".

Según explicó Giobergia, el gobierno acepta elevar el porcentaje jubilatorio al 82%, aunque con 35 años de servicio. El titular de la Caja, de todos modos, defendió el actual régimen. "Estamos jubilando gente con el 80% móvil, porque el porcentaje va del 60 al 80%". Con la ley anterior "se partía del 82% hasta el 100% y así un jubilado que recibió ese beneficio y cobra el 100% del haber del activo en los hechos recibe más que este, porque los cálculos se hacen sobre el haber nominal y como los activos tienen un descuento del 14,5% de aporte que el jubilado no, percibe más ingresos".

"Esto es absolutamente contrario a los fundamentos de la previsión en cuanto tiene que ser sustitutiva del salario pero en un nivel inferior", dijo Giobergia.


Techos y pisos
Aunque claves, estos aspectos son sólo la punta de un iceberg que esconde las debilidades de un sistema que no es viable en el tiempo y mucho menos una garantía para los futuros jubilados.

En este sentido, UPCN presentó oficialmente una propuesta al gobierno que intenta avanzar en una mayor equidad del sistema previsional. Plantea fijar mínimos para los haberes jubilatorios, tomando como referencia la canasta familiar básica, y techos que no superen el 60% del sueldo más alto de la provincia que es el que cobra el presidente de la Corte Suprema de Justicia

"Este es un sistema solidario donde los aportes de los que más ganan financian a los que menos ganan", explicó Silvia De Cesaris, secretaria de Interior de UPCN.

"Nadie puede negar en la realidad que vive la Argentina que una persona puede vivir tranquilamente con 9.000 pesos y no necesita 13.000 mil" dijo De Cesaris, en referencia a la última actualización de los haberes del poder judicial, producto del incremento del 30% que recibieron en febrero por la ley de enganche.

La diputada del ARI Verónica Benas fue más allá y señaló que "no es justo que los que perciben mayores beneficios jubilatorios sean sostenidos por los sectores que reciben como salario un gran porcentaje de sumas en negro". La legisladora, quien durante años fue dirigente de Amsafé, explicó que en ese sector la relación es cinco activos por un pasivo ("es óptima", dijo) mientras que en otros la relación es uno o uno y medio por cada jubilado, a lo que se suma que en estos sectores, como el judicial o legislativo, no se pagan sumas no remunerativas, que por tener ese carácter no computan para la jubilación.

"En realidad con este reparto solidario se toman dineros de los docentes para pagar sueldos de otros sectores", se quejó Benas.

Los gremios se constituyeron en principales interlocutores de la reforma debido a que fueron los que instalaron el tema en la agenda urgente del gobierno, y a poco de que el Ejecutivo deba enviar el proyecto de presupuesto para 2006 a la Legislatura.

Con la idea de que la discusión no se dilate y duerma el sueño de los justos; como ocurrió en 2002 cuando fracasó una comisión para redactar una iniciativa consensuada entre los sectores y se presentaron cuatro proyectos que perdieron estado parlamentario; desde UPCN plantearon la necesidad de crear una comisión para que en el plazo de treinta días eleve un proyecto consensuado de reforma previsional. La misma deberá estar conformada por tres miembros del Ejecutivo, tres del sector activo y tres representantes de los pasivos.

"Queremos tener datos actuariales serios que nos garanticen de aquí a 25 años los derechos previsionales de los activos", dijo De Cesaris y explicó que "en la medida que la proporción entre activos y pasivos se desdibuja la Caja se va desfinanciando".

El debate se tornó urgente a raíz de los incrementos salariales que se otorgaron en los últimos años. La mayoría fueron no remunerativos para el grueso de los sectores que menos cobran en la administración pública -docentes, administración central, policía- y por lo tanto no pasarán a computarse para la jubilación.

Ante esto, el titular de la Caja sacó a relucir el decreto 1.683 que firmó el mes pasado el gobernador Jorge Obeid a través del cual "se reconoce una proporción del porcentaje jubilatorio sobre el no remunerativo que el agente cobra al momento de jubilarse", dijo Giobergia. "En el bolsillo del jubilado esto resuelve el problema de los montos no remunerativos", dijo el funcionario.

Este argumento fue rechazado por Benas, quien aseguró que "en el bosillo de un pasivo docente, esto representa 61 pesos". Para la legisladora del ARI el tema es mucho más de fondo e involucra al Estado, "que es el primero en desfinanciar la Caja porque paga salarios en negro", dijo.


Historia en rojo
El déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia es un clásico. Desde 2001 y hasta el año pasado -los datos de este año aún no se conocen con precisión- el organismo acumuló un rojo de 450 millones de pesos, de los cuales la provincia debió afrontar 180 millones. El resto fue financiado por la Nación, que en 1999 aceptó hacerse cargo del desbalance de las cajas previsionales que no fueron transferidas a la órbita nacional.

Este esquema fue progresivo y recién en 2004 el gobierno central comenzó a pagar el 100% del total del déficit de la caja provincial, año en el cual el rojo llegó a los 90 millones de pesos, aunque el compromiso llega hasta los 120 millones.

De hecho, desde 2001 hasta 2003 el organismo arrojó déficits sucesivos por 120 millones anuales, según precisó Giobergia.

A cambio de cubrir estos montos, la Nación le exigió a la provincia armonizar alícuotas y requisitos de los sistemas previsionales con los de la Nación, que hoy están en el 82% móvil y exigencias de 30 años de servicio y edad mínima de 57 y 60 años para hombres y mujeres respectivamente.

Por eso, para el gobierno provincial modificar el esquema en cualquier punto representa un incumplimiento de las exigencias de la Nación, que hoy por hoy mantiene en pie la Caja.

Y frente a eso, los funcionarios provinciales salieron a alertar sobre el impacto negativo de cualquier reforma, poniendo como eje el incumplimiento del convenio con la Nación.

Para Benas "se trata de una mezcla de mala información para tratar de descalificar el reclamo legítimo y reconocer que la emergencia ya no está, con lo cual se le debe restituir a la gente el aporte solidario que realizó en su momento".

Por otra parte, "es una gran mentira que la Nación financia el déficit", dijo Benas, porque "con el 15% que el Estado le detrae a las provincias de la coparticipación, en función de la ley 10.955 del año 1992 que votó la Legislatura, es Santa Fe la que termina financiando a la Nación".

En cambio, UPCN prefirió bajar el tono. "Queremos que la Caja continúe en la provincia y cualquier modificación tiene que garantizar el equilibrio del sistema", dijo De Cesaris, para quien "no es bueno" hacer comparaciones con otras provincias como Córdoba o Entre Ríos. "Ellos tienen el 82% pero el aporte personal y patronal es superior al de Santa Fe", ejemplificó.

El Estado santafesino aceptó sentarse a negociar, pero a priori ya puso un techo: las exigencias de la Nación que no parecen dar demasiados márgenes teniendo en cuenta el déficit de la Caja.

En tanto, los excedentes de recaudación provincial o la polarización cada vez más marcada entre las jubilaciones de los distintos sectores del Estado, aún no aparecen en la mesa de discusión.

Los docentes apuntaron al futuro. Pelean por un sistema jubilatorio que restituya el 82% móvil y la reducción de los años de servicio.