La inmobiliaria. Algunos presos fueron torturados para traspasar inmuebles a empresas fantasma de grupos de tareas

Procesaron al hijo de Massera por el robo de bienes de desaparecidos

Participó de una organización que operaba en la Esma destinada a transferir propiedades de detenidos

El hijo del ex jerarca de la última dictadura militar Emilio Massera, Eduardo Enrique Massera, fue procesado ayer con prisión preventiva por el robo de bienes de desaparecidos secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) que dependía de su padre. En esta causa se ventila el funcionamiento de la llamada "inmobiliaria" que tenían montada los represores y mediante la cual se apropiaban de propiedades de detenidos desaparecidos, algunos de los cuales fueron secuestrados sólo con ese fin.

La resolución, que alcanzó además al ex marino y jefe de operaciones de la Esma Jorge Perrén, fue dictada por el juez federal Sergio Torres, quien dispuso un embargo sobre los bienes de los acusados por 1.250.000 pesos cada uno, informaron fuentes judiciales.

En la causa se investiga el secuestro de varias personas que fueron alojadas clandestinamente en la Esma, entre ellos el abogado Conrado Higinio Gómez, y que sufrieron luego el despojo de sus bienes, "planificado" y "ejecutado" por los ex represores, según el fallo.

En la mayoría de los casos, según los testimonios obtenidos en las pesquisas, se obligaba a los detenidos a firmar documentos para la transmisión de bienes registrables o se les sustraían valores de sus domicilios.

Las maniobras consistían en la realización de "transacciones simuladas" de sociedades que formaban los militares y civiles que también fueron procesados, y que incorporaban en forma ilícita el patrimonio de los detenidos.


El caso de Conrado Gómez
Uno de los casos más importantes es el robo de los bienes de la sociedad Cerro Largo de la localidad de Chacras de Coria, en Mendoza, que pertenecía a los detenidos Gómez, Horacio Palma, Victorio Cerutti y Omar Massera Pincolini (quien no tiene ningún parentesco con el represor).

El ex jefe de la Armada, Massera, fue procesado ya en la misma investigación porque, según el juez Torres, tenía junto a su hijo participación accionaria y "el absoluto control material" de sociedades como Will Ri y Misa Chico, dedicadas a la sustracción de los bienes de las personas a las que secuestraban.

Massera hijo fue acusado de los delitos de "privación ilegal de la libertad, agravado por haber sido cometido con violencia o amenazas; extorsión y asociación ilícita", según consta en la resolución del juez.

Para el magistrado, de los elementos de prueba del expediente, entre ellos numerosos testimonios, surge "de manera contundente la activa participación" de Eduardo Massera en las diversas actividades de esa organización delictiva.

En la misma resolución, el juez procesó y dictó la prisión preventiva de Perrén, quien como jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Esma, fue quien habría ordenado el operativo destinado a secuestrar a Conrado Gómez en enero de 1977.

El juez también dictó la prisión preventiva a otros dos ex marinos, Eduardo García Velasco, alias Dante, y Alberto Eduardo González, quienes fueron embargados en 1.250.000 pesos, acusados de haber participado del secuestro de Gómez.

También quedaron procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de "encubrimiento", Domingo Limardo, Susana Vinditto y Aldo Maver, vinculados a las sociedades ilegales y embargados en 300.000 pesos cada uno.

Además del sumario en el que están imputados los Massera y Perrén, el juez tramita otro expediente en los que están acusados Jorge Tigre Acosta, Jorge Rádice y Carlos Pazó.

En esa causa las víctimas son Marcelo Camilo Hernández, Jorge Munetta, Mercedes Inés Carazo y Nilda Noemí Actis Gorreta, quienes estuvieron detenidos en la Esma.

Munetta habría perdido un departamento en la avenida Belgrano 1651 de Capital Federal, que se registró a nombre de Juan Héctor Ríos, la identidad que, se sospecha, utilizó Rádice para concretar el desapoderamiento de bienes.

Hernández dijo haber sido torturado en dependencias de la Esma y que por los tormentos que recibió proporcionó datos de su domicilio, de donde, de acuerdo a esa versión, le sustrajeron 500.000 dólares.

A Actis Gorreta le hicieron firmar, en una escribanía, dos poderes que permitían la venta de otros tantos inmuebles de su propiedad, ubicados en la ciudad de La Plata, sin que se pudiera determinar qué pasó con el producto de esa venta.

Carazo sufrió el robo, entre otros valores, de una biblioteca, que según constancias de la causa, fue instalada en las oficinas de Acosta.

El dictador Massera y su hijo montaron un suculento negocio.