Increíble fraude para apropiarse y explotar un campo al morir el dueño

Con un poder apócrifo, negociaron 425 hectáreas en sucesión y los falsos propietarios las trabajan hace dos años. Ahora procesaron al ex presidente de Servicios Portuarios, a una escribana, a un gestor y a un pai umbanda

María Laura Cicerchia / La Capital

Un campo, la muerte de su dueño y una gran estafa para quedarse con las tierras. Esta secuencia resume un enmarañado ardid por el que fueron procesados una escribana, un gestor especialista en informática, su mujer, un hombre que dice ser pai umbanda y el entonces presidente de Servicios Portuarios de Rosario, entidad que finalmente se quedó con los terrenos. A ellos les adjudican haber participado en algún tramo de una maniobra urdida para falsificar la venta de un campo en Fighiera. La operación se realizó tras el suicidio de su propietario y les permitió a los nuevos dueños escriturar, tomar posesión de la propiedad y explotarla durante dos años a pesar de que los lotes se encontraban en trámite de sucesión.

La investigación de esa estafa desnudó la existencia de un verdadero catálogo de fraudes similares: la apropiación de otros dos campos con documentos apócrifos, la creación de una sociedad comercial con identidades falsas y el uso de nombres ajenos para realizar todo tipo de trámites; desde abrir cuentas bancarias hasta gestionar números telefónicos. Por participar en algunos de estos ilícitos (que se desarrollarán en la edición de mañana) hubo otros dos procesados: Mauricio Capitani, un estudiante de Ciencias Económicas, y Hugo José Páez Alvarez, un abogado que es secretario de una sala del Tribunal de Etica de su colegio profesional.

Las tierras que cambiaron de manos con papeles adulterados son 425 hectáreas de campo divididas en dos fracciones de terreno y ubicadas en la zona de Fighiera. Esos lotes pertenecieron a Roberto Domingo Bracalenti, un hombre que vivía solo y que se quitó la vida el 16 de enero de 2002. Tras su muerte, sus sobrinos iniciaron el reclamo para heredar las tierras. Entre ellos se encuentra Laura Bracalenti, esposa del ex entrenador de la selección argentina Marcelo Bielsa. Luego también solicitó su parte en la herencia una hija no reconocida de Bracalenti. Pero a poco de iniciada la sucesión, dos hombres se apropiaron del campo con documentos falsos y terminaron vendiéndolo a la cerealera Servicios Portuarios, con el consiguiente perjuicio para los herederos.

Cuando la sucesión llevaba apenas un par de meses tramitándose, el 3 de junio de 2002, uno de los sobrinos de Bracalenti se llevó una sorpresa cuando el casero le comentó que cuatro hombres habían llegado al campo en una pick up Ford, colgaron un candado de la tranquera y anunciaron que iban de parte del "nuevo dueño" para hacer reformas. Como ignoraba que su tío hubiera vendido el campo antes de morir, el sobrino denunció la usurpación en un juzgado penal y así empezó a destejerse la estafa.


Un marplatense azorado
En el juzgado de Instrucción Nº 9, a cargo de Carlos Carbone, detectaron que un supuesto apoderado legal del original dueño de las tierras las había vendido en abril de ese año a Verónica Kunert, un ama de casa de 26 años. El falso apoderado se hacía llamar Jorge Arnaldo López y detentaba un poder apócrifo, avalado por un escribano bonaerense que nunca reconoció su firma en ese documento. Con la misma mecánica, le había vendido a la mujer otras 127 hectáreas que Bracalenti tenía en Pavón.

¿Quién era en realidad este supuesto apoderado? Para averiguarlo, desde el juzgado de Carbone ubicaron a un hombre llamado Jorge Arnaldo López que residía en Mar del Plata. Este marplatense contó que nunca antes había pisado Rosario y dijo que desconocía la transacción hecha con el campo. Pero sí sabía que un rosarino había usurpado su identidad y le estaba ocasionando perjuicios: el falso López se había inscripto con su nombre en la DGI Rosario, había abierto dos cuentas en el banco Galicia, solicitó una línea en Movicom que jamás pagó y hasta realizó un cambio de domicilio.

De este modo, quedó claro que el estafador era otra persona que se escondía tras la fachada de un nombre ajeno. Los investigadores llegaron al usuario de ese nombre tras investigar los datos personales con que se había inscripto en la DGI y tramitado la cuenta bancaria. Allí figuraba un teléfono que los condujo, a partir de un informe de Telecom, al verdadero nombre de quien tuvo el rol protagónico en esta historia: Omar Salvador Sánchez. Se trata de un hombre de 47 que al declarar su ocupación dijo ser pai umbanda y haber regenteado dos templos y una santería. Estuvo varios meses prófugo hasta que lo localizaron gracias a escuchas telefónicas. Ahora está preso.

Pronto se demostró que los campos que Sánchez vendió usando un nombre falso fueron puestos a la venta por el esposo de la flamante dueña, Raúl Miguel Tapié, quien también estuvo prófugo y ahora se encuentra preso. Tapié es un ex empleado de IBM que fue presidente de Bull Financial, una empresa prestamista y de inversiones que funcionó en Rosario hasta 2001. Cuando allanaron su casa, encontraron sellos, documentos y firmas escaneadas en su computadora. Entre esas firmas, estaba la del propio Bracalenti, a quien Tapié había conocido cuando el propietario fue a sacar un crédito a su financiera.

Tapié se puso en contacto nuevamente con su antiguo cliente en diciembre de 2001. Le propuso comprarle parte de los terrenos, lo que no se concretó. Un mes más tarde, el colono aparecía muerto de un disparo. Así las cosas, tras la muerte de Bracalenti, la esposa de Tapié se convirtió en dueña de los campos mediante avales falsos.

El matrimonio los puso en venta en tiempo récord hasta que las dos fracciones del campo de Fighiera (cercano al río) fueron adquiridas por Servicios Portuarios. El entonces presidente de la empresa, Roberto Scaglia, firmó el boleto de compraventa en mayo de 2002. Luego tomó posesión de las tierras, que fueron explotadas en beneficio de la firma a pesar de que el reclamo de los herederos seguía en pie.

Según el boleto de compra-venta, la empresa pagó la propiedad con 2.800.000 Lecop. Pero los corredores inmobiliarios dijeron que la venta fue simulada, que en realidad no se pagó un peso y que tampoco se abonaron las comisiones prometidas. Por esto fue procesada la escribana Claudia Costarelli, quien había dado fe del pago con bonos por parte de Servicios Portuarios. La procesaron como partícipe necesaria del delito de falsificación ideológica, por la adulteración de las dos escrituras confeccionadas tras la muerte de Bracalenti.


Los cerebros
Para el juez Carbone, los artífices de la operación fueron Sánchez y Tapié. Los dos están presos y fueron procesados por múltiples estafas y falsificaciones. En tanto la mujer de Tapié, quien figuró como compradora de los campos en primer término, fue considerada una "prestanombre" y procesada por contribuir a la estafa.

En su resolución de casi 200 páginas, que está apelada, el juez planteó que la firma Servicios Portuarios en principio fue ajena al diseño de la estafa; que apareció de buena fe interesándose en los campos. Pero que una vez al tanto de las condiciones de venta, advirtieron irregularidades y no interrumpieron la transacción. Que decidieron la compra pese a saber que había un juicio sucesorio en curso.

Con juicios civiles y penales en marcha, y la sucesión aún no resuelta, el campo sigue siendo explotado por Servicios Portuarios, que lo alquiló hace más de dos años y, según fuentes de la investigación, percibe los beneficios de las cosechas.

La tranquera del campo sobre la ruta 21 en Fighiera.