"El colapso no se resuelve con nuevos juzgados"

Un secretario penal postula administrar mejor los recursos actuales para acelerar tiempos procesales

Cuatro años atrás el secretario penal Javier Beltramone viajó a Chile, donde observó de cerca los resultados del cambio del sistema procesal de ese país. Allí, de un sistema inquisitivo puro, similar al santafesino, pasaron a otro llamado "acusatorio natural", dominado por la oralidad. Basado en esa experiencia, Beltramone sostiene que "para reformar el Poder Judicial no hace falta crear más juzgados. Nuevos juzgados lo único que van a hacer es solucionarle un problema temporal al Tribunal, no a la gente. Los números son tan elocuentes que duplicar los juzgados, en seis años, nos colocaría en la misma situación de hoy".

Lo significativo de la reforma chilena es que convocaron a especialistas de otras disciplinas para agilizar el sistema. Por esto, Beltramone considera que sólo cambiar leyes o mejorar infraestructura no basta. Su idea es que para lograr resultados la Justicia debe salir del cascarón del derecho y, como toda organización pública, dotarse de un nuevo "modelo de gestión".

"La organización tribunalicia es del siglo XVIII. Estamos en un buen momento para realizar el cambio incorporando conceptos de la administración de empresas para administrar, en vez de un producto, un servicio", planteó.

A su criterio, debe convocarse a ingenieros industriales y estadísticos para formular un buen diagnóstico y definir cómo optimizar recursos. "Para que el proceso se tramite en el menor tiempo posible, respetando las garantías constitucionales y a bajo costo", cree Beltramone, hacen falta algo más que jueces y abogados.

¿En qué contribuye este nuevo estatuto para descomprimir cárceles? Para Beltramone, "no habría más procesados. El debate de la prisión preventiva en América Latina esconde la verdadera discusión, que es por qué un proceso que debe durar cuatro meses tarda seis años. Habría menor cantidad de detenidos sin condena".

En el esquema chileno, por ejemplo, están pautados hasta los tiempos de resolución de las causas. Así, salvo excepciones, se llega al juicio en cuatro meses cuando se trata de delitos graves. Aún en tan corto margen, para el funcionario, la celeridad no conspira contra el rigor: "Yo lo planteo al revés. La lentitud, ¿ayuda a la certeza? Acá prescriben las causas más resonantes de corrupción. No se le puede negar al justiciable certidumbre en tiempo y en forma, porque luego de un proceso de once años condenar a alguien a 15 días de prisión no tiene sentido. El sistema actual conspira contra el fin de la pena. Y el 60% de las causas abiertas van a prescribir, con el consecuente mensaje de impunidad que se envía a la sociedad".