Del juicio escrito al oral. Santa Fe busca reformar el orden procesal que la rige, que es el más atrasado de Latinoamérica

Rediscuten un cambio fundamental del sistema judicial Penal en la provincia

Desaparecerían los juzgados de Instrucción, Correccionales y de Faltas. El fiscal y la defensa deberían producir y discutir las pruebas. Y los jueces tomar distancia de la acusación para solamente resolver en procesos públicos

En la Justicia Penal santafesina soplan aires de cambio. Al tiempo que jueces y funcionarios políticos se pronuncian a favor de jubilar el viejo sistema procesal, un ambicioso proyecto de reforma ingresó el jueves a la Cámara de Diputados. La propuesta aspira a modificar de raíz el Código Procesal Penal, un cuerpo legal tildado de vetusto y comparado con un "dinosaurio jurídico" por los mismos operadores del sistema. Es que Santa Fe es el único estado latinoamericano que conserva el juicio escrito y todavía no se anima al proceso oral. "Este sistema es preferible porque la forma lógica de comunicación entre las personas es la palabra. A nadie se le ocurriría hacer psicoanálisis por escrito", comparó el penalista rosarino Víctor Corvalán, uno de los tres especialistas que resumieron las ventajas y pilares de la reforma que intenta ser ley.

En el esquema propuesto por el diputado radical Santiago Mascheroni y su par justicialista Danilo Kilibarda, desaparecen los juzgados de Instrucción, Correccionales y de Faltas. Sólo se puede condenar con la prueba que se produce en la audiencia oral. Y se prevé el juicio por jurados cuando el delito es cometido por un funcionario público. Le da una amplia participación a la víctima, prevé la figura del querellante y es más flexible en materia de libertades.


Un debate relanzado
El proyecto ingresado la semana pasada a la Legislatura retoma un trabajo realizado en 1995 por integrantes de una comisión bicameral, abogados y jueces, que no prosperó a nivel legislativo. Corvalán, uno de sus impulsores de entonces, cree que la propuesta va a chocar hoy contra las mismas resistencias: "El cambio es rechazado por los abogados y los jueces porque una cosa es trabajar tranquilo en el estudio o la casa, con la máquina de escribir, y otra ir a poner la cara y el cuerpo en una audiencia que dura un día entero".

El paso de la escritura a la oralidad, además, exigiría una capacitación de los operadores judiciales acostumbrados a litigar teclado en mano. Otro punto de choque que encuentra la reforma es ideológico: se cree que tiene más rango de verdad lo que está escrito, y permanece imperturbable, que la palabra hablada.

"El juicio oral es mucho más trabajoso, te expone, es incómodo y los estudios jurídicos tienen que destinar un abogado para estar una semana entera en audiencia. Pero esto no es una cuestión de gustos: desde la reforma de la Constitución en el país se defiende el juicio público y la provincia de Santa Fe no lo cumple", opinó el abogado, quien cree que el proyecto de hace una década necesita retoques para que la reforma sea efectiva y acorde a los tiempos.

Al actual ordenamiento penal de la provincia se le critica la situación ambigua en que coloca a algunos de sus jueces. Por ejemplo, los de Instrucción: dirigen la investigación, cierran el cerco sobre los imputados y al mismo tiempo deciden su suerte con supuesta imparcialidad. La propuesta de cambio consiste, básicamente, en pasar de un sistema "inquisitivo" a uno "acusatorio", donde el fiscal y la defensa interactúan en un plano de igualdad mientras que el juez es un tercero imparcial que decide, pero no busca evidencias.

El nuevo sistema deja la acusación en la cabeza de los fiscales. A ellos les corresponde buscar pruebas contra los sospechosos de algún delito. La oralidad no es absoluta: la investigación se sigue formalizando por escrito. Un juez de Garantías interviene cuando hay conflicto entre las partes. Y luego el caso se resuelve en un juicio oral, abierto al público. "Los jueces no investigan. Lo hacen los fiscales, que investigan tanto una falta, como un delito culposo o un accidente de tránsito", explicó Corvalán, quien hoy se pronuncia a favor de eliminar por completo la escritura.

En la actualidad los juicios penales se hacen por escrito. Se vuelcan las evidencias a un expediente acordonado que queda bajo control del juez de Sentencia. Sólo sus fallos, una vez notificados, pueden ser de consulta pública. Aunque aún así subsisten restricciones.

Mascheroni y Kilibarda reimpulsan un proyecto que se armó en 1995 tomando como modelo los sistemas de Córdoba y Tucumán. "Este sistema hace a la eficacia, por un lado, y a las garantías por otro. Es más transparente y desburocratizado y otorga más rapidez al proceso", opinó el camarista penal Ramón Ríos. Corvalán, por su parte, cree que la propuesta legislativa es un avance aunque ya no la subscribe por completo.

"Los que estamos convencidos de que hay que cambiar el proceso penal vemos con atención lo que pasa en Chile, donde se implementó un sistema inteligente de transición entre el pasado y el futuro", propuso. Quien conoce en detalle el reformado sistema procesal chileno es el secretario penal Javier Beltramone. En 2001, una beca lo envió a curiosear el dispositivo judicial del país trasandino. Desde entonces está convencido de que el cambio, en estas tierras, es inevitable: "Podemos seguir emparchando o proyectar un verdadero cambio para los próximos 20 años. La Justicia santafesina, tal como está, es un Ford A al que le pusimos airbag".

El actual sistema escrito es poco democrático.