Masacre de Avellaneda: apuntan a las responsabilidades políticas

Kirchner y Duhalde fueron citados a declarar por los crímenes de los piqueteros Maxi Kosteki y Darío Santillán

El juicio por los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, muertos por policías el 26 de junio de 2002 en la ciudad bonaerense de Avellaneda, se inició ayer con las partes jugando sus cartas más fuertes y un incipiente debate por las responsabilidades políticas de la masacre.

Dirigentes de grupos piqueteros y familiares de los jóvenes asesinados aportaron su presencia con sus exigencias de justicia y el reclamo de que se investigue quiénes fueron "los responsables políticos" de la masacre.

Esa pretensión también fue levantada por la querella, lo que obligó al Tribunal Oral Nº7 (a cargo del proceso) a recordar que sólo se estaba juzgando a los policías imputados por los crímenes.

El cuerpo definió además las fechas para recibir declaraciones de ex funcionarios.

Para el 7 de julio están citados el ex jefe de Gabinete Alberto Atanasof; los ex ministros Horacio Jaunarena y Juan José Alvarez; el ex titular de Gendarmería, Hugo Miranda; el ex presidente Eduardo Duhalde y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.

Cuatro días después, el 11, deberán presentarse ante el Tribunal el presidente Néstor Kirchner, los ex ministros Jorge Vanossi y Jorge Matzkin; el gobernador Felipe Solá, y el ex subsecretario de Seguridad Carlos Vila.

El abogado defensor del ex subcomisario Alfredo Fanchiotti, uno de los principales acusados, solicitó la nulidad de la audiencia por considerar que violaba el derecho de la defensa y pidió la división de la causa, propiciando que se investigue el crimen de Kosteki, por un lado, y el de Santillán, por el otro.

El letrado Amílcar Chiodo aseguró que su cliente "cumplía órdenes", en tanto que el defensor oficial Daniel Baca Paunero, abogado del ex cabo Alejandro Acosta, otro de los imputados, pidió lo contrario, esto es que se unifiquen todas las causas "para tener una visión cabal sobre la magnitud de los hechos".

De esta manera, los abogados de la defensa coincidieron, de alguna manera, con los querellantes en cuanto a que el operativo represivo del 26 de junio de 2002 superó la autoridad de Fanchiotti.